Dieron a conocer que en el proceso de selección "participamos más de 200 aspirantes, el Ejecutivo integró las ternas que envió al Congreso del estado", mismo que designó a los comisionados; agregaron que "avanzamos sorteando muchos obstáculos, sometidos a la verdadera burocracia".
También aseveraron que "nos intimidan, diciendo que deberíamos ser honoríficos, desacreditando nuestro trabajo y se pretende abrogar el decreto que nos creó para desaparecernos".
Recordaron que el 30 de marzo de 2015 se instaló la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, en donde el gobernador hizo el compromiso público de presentar ante el Congreso local la iniciativa de reforma que armonizara la ley actual con la Ley General de Víctimas; al respecto, hicieron referencia a las declaraciones del diputado presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Francisco Santillán Arredondo, quien tiene a su cargo dictaminar la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, y anotaron que se advierte la "intención y tentación" de que "sea anulada en perjuicio de las víctimas, ponderando otros intereses".
Agregaron que sus actividades se han documentado y se han hecho del conocimiento de su Consejo, además de que se han informado al Poder Legislativo.
De igual modo, indicaron que el fundamento jurídico en el que se basan las aportaciones económicas que reciben los comisionados se encuentra en el artículo 103 de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos.
(Con información de Tlaulli Preciado.)
-Imagen: Job Vera.-