En virtud de lo anotado, el Congreso no aprueba aún un incremento del suelo y de la construcción, por lo que se vuelve improcedente cobrar dicho impuesto con un aumento.

Juárez Rivas refirió que "es improcedente que el tesorero con la anuencia del Cabildo se atreva a cobrar más del impuesto predial; esa conducta encuadra perfectamente en un delito que establece el Código Penal y que se llama concusión".

Explicó además que ningún funcionario público podrá cobrar ninguna cantidad que no haya autorizado el Congreso; sin embargo, las autoridades se escudan en que en la Ley de Ingresos aparece esa disposición, pero no han habido cambios en los valores unitarios, según indicó el litigante.

Finalmente, señaló que se recaban las pruebas necesarias para realizar las denuncias correspondientes.