*Presuntamente dejó escapar a un reo sentenciado por robo de vehículo*

Mediante un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que un juez de control decretó auto de apertura a juicio oral en contra de un custodio del penal de Atlacholoaya, imputado por el delito de evasión de preso.

Lo anterior, ya que presuntamente descuidó la vigilancia de un reo que estaba hospitalizado en la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de donde se fugó la madrugada del 26 de noviembre de 2019.

En el documento de referencia se detalla lo siguiente:

"En audiencia intermedia, un juez admitió 23 medios de prueba presentados por la Fiscalía Anticorrupción, entre los que se encuentran 13 testimoniales, dos periciales, cinco documentales y tres documentales científicas, y decretó auto de apertura a juicio oral relacionado con la causa penal JC/1545/2019.

Como se recordará, el pasado 28 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo diligencias ministeriales, después de las cuales puso a disposición del juez de control al custodio Martín “N”, por la presunta comisión del delito de evasión de preso.

El Ministerio Público recabó videos, testimonios, peritajes y documentales, los cuales determinaron, entre otras cosas, que el reo careció de la adecuada vigilancia que establecen los reglamentos penitenciarios, lo cual facilitó la huida estando internado en la cama 1024 del piso 10 del hospital del IMSS de la avenida Plan de Ayala de Cuernavaca.

También se observó en los videos del hospital que el preso -sentenciado a 15 años de prisión por robo de vehículo- no estaba asegurado con esposas o algún otro mecanismo de seguridad,  que llevaba puesta una camisola con un logotipo en su parte posterior con la leyenda “custodio” y tenía puestos unos tenis.

De los elementos recabados también se puede apreciar que el custodio no dio aviso inmediato a sus superiores y se limitó a buscar a César “N” por cinco minutos, sólo en el piso 10.

Cabe señalar que la Fiscalía Anticorrupción solicitará, como pena, 15 años de prisión, destitución del cargo e inhabilitación para ocupar cualquier cargo público.

De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho "a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa".