El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, sostuvo esta mañana que la decisión sobre el reemplacamiento es atribución del Poder Ejecutivo, por lo que las declaraciones en contra de algunos legisladores son respetables pero no tienen de facto una consecuencia jurídica.

Reiteró además que el paquete económico que envió el gobierno estatal al Congreso local es equilibrado y tiene como eje un sentido social.

De igual modo, expuso en conferencia de prensa -luego de la reunión cotidiana de seguridad- que se tendría que dialogar, porque quizá hubo un mal entendido, pero reiteró que es un tema de ley.

Además, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, refirió que en materia de seguridad de nada servirá tener detectores si todos los vehículos traen placas con las mismas características, al tiempo de indicar que podría aumentar la incidencia de robos de vehículos.

Por otro lado, se dio a conocer que en la reciente reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Alfonso Durazo Montaño, se presentaron datos sobre incidencia delictiva y número real de elementos policiacos.

Sanz Rivera también indicó que se planteó el esquema de mando en el que se ha trabajado en la entidad, y habrá reuniones cada 15 días.

En relación al caso de Amacuzac, se informó que el gobierno estatal dialogó con la familia del alcalde electo Alfonso Miranda Gallegos (preso por presunta relación con delincuencia organizada) y se espera la resolución judicial del caso; mientras tanto, se aplica la Ley Orgánica y asumió funciones de forma temporal la síndica.