La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer, este martes, un informe sobre lo que han observado en comunidades afectadas por el sismo ocurrido el 19 de septiembre del 2017.

Se documentaron las características de las personas damnificadas, los efectos que tuvo el sismo y las violaciones a derechos humanos, considerando tanto los acuerdos internacionales que ha firmado México como las leyes en la materia.

Además se da cuenta de la situación que enfrentan los habitantes a casi un año del temblor, en varios rubros como el acceso a la salud y al trabajo por la ocupación que tienen, así como la entrega de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

Entre las conclusiones, representantes de la organización social adelantaron que se observó ausencia u omisión de instituciones, como por ejemplo, respecto a la falta de atención en salud física y especialmente la falta de atención psicosocial.

Juliana García Quintanilla también explicó que cuando se solicitó información detallada sobre todos los recursos públicos y de donaciones, se les negó.

Ente las recomendaciones que hizo el organismo se cuenta el atender las 116 quejas que formularon personas afectadas por el sismo, que la Fiscalía General del Estado (FGE) rinda informe y dé seguimiento a denuncias sobre posible fraude y que autoridades de los tres niveles de gobierno informen con transparencia a quién y cuántos recursos se entregaron.

Igualmente, la CIDH se pronunció porque instituciones privadas, como la Cruz Roja y otras, den transparencia a las donaciones.

Así mismo, recomendaron que se estructuren programas para dar atención psicosocial y que se generen esquemas de empleo, con el fin de evitar el crecimiento de la pobreza en las zonas dañadas.

Finalmente, anotaron que hay temas fundamentales que no se han atendido, tales como el acceso a servicios de agua potable, drenaje y energía eléctrica, además del derecho al juego y esparcimiento y a la educación.