Familiares de víctimas de asesinato y de personas desaparecidas se manifiestan este viernes en la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir que se sancione a servidores públicos implicados en la retención de restos de al menos tres desaparecidos.

Al respecto, señalaron que por ley tales servidores públicos son responsables de omisión al no investigar los homicidios.

Además consideraron que podría configurarse el delito de obstrucción de la justicia, entre otros como daño, pues durante meses e incluso años -como en el caso de Jesús Hernández Maldonado- tuvieron osamentas sin informar a sus familiares, pese a la existencia de denuncias.

Con posterioridad, la FGE emitió un comunicado en el que dio a conocer que se brinda "apoyo institucional para familias afectadas".

En el documento se apunta lo siguiente:

"Brinda Fiscalía General del Estado apoyo legal y asesoría a familiares de jóvenes cuyos restos fueron entregados recientemente a familiares, quienes acudieron este viernes a la Fiscalía para dar seguimiento a las investigaciones que permitan la localización de los responsables de la desaparición, en su momento, de ambas mujeres.

El fiscal general Javier Pérez Durón, atendió a los familiares de Neyda y Dalila, así como de Jesús, cuyos cuerpos fueron localizados en el servicio médico forense de la región oriente de la entidad.

Explicó que a su llegada a la fiscalía, estableció la necesidad de contar con una adecuada administración de cuerpos contenidos en el Servicio Médico Forense, es así que instruyó a no enviar ningún cuerpo resguardado en la dependencia, hasta en tanto no se cuente con las carpetas de investigación integradas, así como la toma de muestras genéticas correspondientes para cada cuerpo.

Ante las dudas de la identificación de las jóvenes después de casi año y medio, Pérez Durón ofreció a familiares la toma adicional de muestras genéticas a familiares para la confronta correspondiente para la confirmación.

De igual forma, destacó que a través de la Fiscalía se está realizando el acompañamiento institucional, para que familiares reciban apoyo legal y asesoría ante instancias como la Comisión Estatal de Víctimas, el Registro Civil y el DIF estatal.

El fiscal general, indicó que si existe alguna responsabilidad por parte de algún servidor público, en el retraso de los trabajos de investigación e identificación de los cuerpos, se habrá de aplicar la ley, por lo que ya se ha dado vista a la Visitaduría de la institución."