En conferencia de prensa con la presencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, este miércoles se dio a conocer el avance en la atención a la contingencia por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Robles Berlanga anotó que se estableció aportar a Morelos el mismo esquema que en otros estados; los apoyos serán en tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

Por daño parcial se entregarán 15 mil pesos, depositados en una sola tarjeta para compra de materiales, y por daño total, 90 mil, depositados en dos tarjetas: una para efectivo y otra para materiales.

Además, se indicó que el estado aportará el 30 por ciento.

El monto a las familias apoyadas por el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) será de 120 mil pesos, por daño total.

Se optó por desarrolladora de vivienda por autoconstrucción, además de que se trabajará con universidades y colegios para dar asesoría, que haya criterios de seguridad y que la cimentación sea adecuada.

Habrá módulos en todos los municipios afectados.

También se hicieron convenios con cámaras de industriales de cemento, varilla y otros materiales para que no suban los precios, en un contexto de solidaridad; se busca establecer puntos de venta bajo convenio de precios menores.

La funcionaria federal se comprometió a que se entreguen las tarjetas lo más pronto posible, al tiempo de estimar que será a partir del 15 de noviembre.

Refirió que hay una zona de riesgo en Cuermavaca y ya trabajan en una reserva para la reubicación correspondiente, además de que 50 familias en Tlayacapan, en zona federal, ya buscan también ser reubicadas, mientras que en Totolapan ya no permitirán que continúen habitando ahí.

Son mil 30 familias en zona de riesgo que sí van a recibir apoyos, pero serán reubicadas.

Agregó que hay un acuerdo con el Instituto de Geología y el IMTA, además de apuntar que el mapa de riesgo era de 2011 y 2013, por lo que se va a invertir en ese estudio; de igual modo, en lo que se refiere al tema de alarmas sísmicas y contratación de un seguro en caso de sismos, el próximo año.

Destacó que los municipios deben asumir su responsabilidad de evitar la construcción en zonas de riesgo y también está pendiente la aprobación de la legislación estatal acorde con la nueva Ley de Desarrollo Territorial y Urbano.

Se informó que se han demolido 527 viviendas, hasta la fecha.

-Imagen: Silvia Lozano.-