"El problema, en realidad, es el tema de la seguridad social", indicó el funcionario estatal, al tiempo de referir que la mayoría de los ayuntamientos no han dado de alta a sus trabajadores y tampoco han cumplido con la obligación de proporcionar el fondo de ahorro para el retiro y otras prestaciones de ley, lo cual les dificulta exhibir ante el Tribunal las constancias que les son requeridas.

Díaz Popoca agregó que el problema de la mayor parte de los ayuntamientos es que "en sí mismo, el fondo del asunto ya está perdido en este momento en el laudo condenatorio, en contra de los ayuntamientos en los cuales se ha impuesto la medida de destitución al presidente municipal".

Finalmente, refirió que en el 2017 ya suman 258 nuevas demandas, mientras que del año pasado se tienen alrededor de mil 500 demandas.

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