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Estará durante la feria de los útiles escolares para recibir todo tipo de queja.

Jojutla.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) instaló un módulo en la plaza “de los espejos azules”, que estará en el lugar hasta el próximo 1 de septiembre para que los ciudadanos puedan denunciar cualquier tipo de anomalía en los precios de cualquier servicio o producto.

Durante la inauguración de la feria de útiles escolares, realizada el día de ayer en el lugar referido, la encargada de despacho de la Profeco en el estado, Esther Díaz Martínez, comentó que durante toda la feria, que se extenderá hasta el 1 de septiembre, se mantendrá el módulo para atender a la población de la zona.

La funcionaria refirió que el mayor número de quejas en esta temporada se dan contra las empresas del transporte, por el regreso de vacaciones, por lo que recomendó adquirir con tiempo los boletos y llegar a tiempo a las terminales.

En cuanto a los útiles escolares, refirió que las quejas que se han dado son por la calidad de los productos, por ello es importante revisar calidad y precio y pedir comprobantes de todas las compras.

Refirió que en este módulo en Jojutla, la población de la región sur podrá interponer cualquier tipo de queja y ahí se les dará asesoría.

Mencionó que la Comisión Federal de Electricidad y los servicios de telefonía son de los que más recurrentemente se queja la población.

También aclaró que la Profeco actúa por denuncia, por lo que invitó a la población a que si observa alguna anomalía, la denuncie ante esta institución.

Interrogada acerca de si la Profeco vigilará que no se incrementen los precios de los materiales de construcción en este municipio, donde actualmente decenas de familias son beneficiadas con recursos federales para reconstruir (tras el terremoto del 19-S), la funcionaria refirió que sólo a petición de los interesados, bajo denuncia, podrían regresar a hacer alguna inspección.

Finalmente reconoció que la dependencia no cuenta con personal suficiente para atender todas las quejas y denuncias.

Se trata de la estación de servicio “Millenium 3000” de la colonia Manantiales; ante la negativa, recibió una multa de 800 mil pesos y será visitada una vez más.

Cuautla.- Luego de que se diera a conocer a través de la conferencia mañanera del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que personal de la gasolinera “Millenium 3000”, ubicada en la colonia Manantiales de este municipio, así como de la estación de servicio de Las Palmas, en Cuernavaca, se negó a la verificación por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tras haber sido seleccionadas aleatoriamente, se harán acreedoras a una multa de 800 mil pesos, además de que nuevamente serán visitadas por dicha dependencia, pero ahora acompañado por agentes de la Policía Federal.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Profeco, Ricardo Sheiffen, quien señaló que tras el operativo realizado en al menos 125 gasolineras del país, de las 12 mil 500 existentes, las antes mencionadas –entre otras– impidieron la verificación.

Dijo que en total fueron 12 las estaciones de servicio las que se negaron a cumplir con los protocolos de verificación de la Profeco, ya que serían revisadas para comprobar si sus bombas se encuentran calibradas y surten litros completos.

Asimismo, señaló que la multa a la que se hicieron acreedoras las gasolineras obedece única y exclusivamente a la negativa de negarse a la revisión. Además, indicó que de nueva cuenta serán visitadas, mediante operativo sorpresa; pero en esta ocasión, el personal de la Profeco estará acompañado por la fuerza pública.

Finalmente, cabe mencionar que ésta no es la primera vez que gasolineras ubicadas en la entidad se han negado a ser inspeccionadas. De acuerdo con información de la Profeco, durante 2018, al menos diez establecimientos ubicados en los municipios de Ayala, Cuernavaca, Huitzilac, Yautepec, Temixco, Jantetelco y Axochiapan impidieron la verificación.

Ciudadanos aseguran que en diversos sitios no despachan el producto completo y el municipio ya no cuenta con oficinas de esa dependencia.

Cuautla.- Luego de que desde hace varios meses la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en esta ciudad dejó de funcionar, amas de casa de esta localidad se quejan de que establecimientos como tortillerías, tiendas de abarrotes, frutas y verduras venden kilogramos incompletos, al no haber un ente que regule las básculas que utilizan para pesar sus productos.

Señalar que a pesar de que por ley debe existir una regulación y calibración de manera anual para los instrumentos de medición que se utilizan en diversos establecimientos comerciales, en Cuautla, al no existir una oficina de la Profeco, los comerciantes hacen su “agosto” vendiendo kilos incompletos, lo cual ha causado un malestar general entre la población.

Ante esta situación, ciudadanos cuautlenses han levantado su voz para exigir a las autoridades correspondientes que atiendan esta situación y realicen una verificación de las básculas que utilizan los comerciantes para pesar sus productos, mismas que –dijeron– en su mayoría están amañadas para vender “kilos” de entre 800 y 900 gramos.

Asimismo, subrayaron que las acciones realizadas por los comerciantes al despachar el peso incompleto es un acto desleal y que vulnera su economía considerablemente.

Por este motivo refrendaron su llamado a las autoridades para que atiendan a la brevedad su molestia.

“Es inaceptable que las autoridades de la Profeco no vengan a Cuautla y a localidades del oriente del estado y realicen operativos de verificación de las básculas. Aquí en Cuautla había una oficina, pero de un día para otro se la llevaron y ahora no podemos siquiera acudir para interponer nuestra denuncia ante el abuso de los tianguistas, comerciantes de la propia Central de Abastos”, señaló una ciudadana que se dijo afectada.

Finalmente, de manera general, la ciudadanía confía en que a la brevedad se atienda esta situación.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, hasta este viernes, sólo habían recibido tres quejas por abusos a consumidores. Se presentaron en contra de una empresa de transporte público federal, de un balneario y de un hotel.
Jaime Barrera, encargado del departamento de Verificación de la Profeco, explicó que en el caso de la queja en contra de una empresa de transporte se debió a que en la terminal de autobuses no se quiso respetar el descuento a adultos mayores. 
En tanto, dijo que en un balneario de la zona sur del estado el afectado  denunció que se le pretendía cobrar más por el acceso al parque acuático.

La tercera queja se debió a que en un hotel no se respetaron los costos señalados.
Sin embargo, refirió que estas quejas pudieron resolverse mediante la conciliación entre la empresa y el cliente. 
Jaime Barrera invitó a la ciudadanía a presentar cualquier queja ante la Profeco por abuso en la prestación de los servicios, pues admitió que en esta temporada vacacional se registran un mayor número de casos. 
El número al que los ciudadanos pueden presentar sus quejas es el 3-14-59-18 al 21.
Explicó que el operativo de Semana Santa continuará hasta el 28 de abril próximo, y las verificaciones se realizan en restaurantes, hoteles y balnearios. 

Desde diciembre afecta el desabasto a negocios del ramo en Cuernavaca.

El presidente del Consejo de la Industria de la Masa y la Tortilla, Antonio Vázquez Quezada, informó que el desabasto de gas LP no se ha regularizado en Cuernavaca desde el pasado mes de diciembre, lo que ha obligado a algunas tortillerías a cerrar temporalmente.

El empresario señaló que son al menos 15 negocios dedicados a la producción de tortilla, los que han tenido que bajar temporalmente sus cortinas debido al desabasto de gas, que es uno de sus principales insumos.

“Desde el 25 de diciembre y a la fecha seguimos con el problema de abasto. Nos dijeron que este año se regularizaría la distribución, pero no vemos que se regularice”, señaló.

Explicó que algunas tortillerías han preferido comprar el gas a un precio más elevado, con tal de no cerrar sus negocios, sin embargo, no todos pueden enfrentar un alto costo sin aumentar el precio del kilogramo de tortillas.

Además, también han tenido que modificar sus sistemas de distribución de tortilla, debido al desabasto de gasolina, toda vez que más del 60 por ciento de producto es entregado a domicilio.

Pese a esa situación, el Consejo ha decidido no incrementar los precios, pero acudirán a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que intervenga y garantice la distribución de gasolina y gas LP, toda vez que dichos combustibles son utilizados para la elaboración de un producto de primera necesidad.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continúa el operativo decembrino en la entidad, que durará hasta que concluya el periodo vacacional. La institución llamó a la población a denunciar cualquier irregularidad en los módulos y oficinas de la delegación.

Luis Alonso Bonifaz Muñiz, encargado de despacho de la dependencia federal en Morelos, informó ayer miércoles que la mayoría de las quejas hasta ahora han estado relacionadas con el incumplimiento de precios ofertados o la falta de éstos a la vista del público.

Aunque no precisó el número, apuntó que las inconformidades se concentraron en mayor medida en centros comerciales y almacenes.   

Expuso que en la procuraduría, por norma, sólo se suspenden labores los días 25 de diciembre y 1 de enero, pero los demás días se mantienen guardias en los módulos y oficinas de la delegación.

El funcionario federal reiteró el llamado a la población a acudir a la Profeco, en caso de irregularidades.

Cabe recordar que la Profeco a nivel nacional inició operativos dirigidos a las actividades propias de estos meses, tanto de prestadores de servicios turísticos por las vacaciones, como en los comercios, establecimientos con venta de juguetes, restaurantes y mercados en lo que se refiere a alimentos.

La Profeco ha instalado 29 módulos en aeropuertos y 35 en centrales de autobuses del país, entre ellas las de Cuernavaca. Adicional a la presencia física de funcionarios de Profeco, los consumidores disponen de los servicios de Concilianet y Conciliaexprés, para que cualquier queja sea atendida y resuelta.

La institución dio a conocer la postura del actual titular federal Francisco Ricardo Sheffield Padilla, quien expuso que el propósito es inhibir irregularidades y prevenir errores; no es el objetivo el aplicar multas y sanciones. Con este operativo, la Procuraduría Federal del Consumidor busca garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados durante estas festividades y vacaciones de fin de año, por ello se llevan a cabo de igual manera operativos para verificar que se cumpla con la norma de colocar precios a la vista del público, que se respeten descuentos, así como que las básculas en mercados y tianguis, donde se venden alimentos, estén calibradas correctamente.

Invitan a los consumidores a conocer la oferta de más de 400 establecimientos tan sólo en la zona metropolitana.

Con motivo de el Buen Fin, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Cecilia Rodríguez González, manifestó que tan sólo en la zona metropolitana del estado se espera una derrama económica del orden de 230 millones de pesos. 

Lo anterior, al participar en el banderazo que marca el inicio del fin de semana más barato del año, que abarca del 16 al 19 de noviembre y en el que se dieron cita representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Cuernavaca, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) delegación Morelos y la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES).

En el acto, realizado en la calle Vicente Guerrero del centro de Cuernavaca, Rodríguez González invitó a los consumidores aprovechar las ofertas, puntos extras, bonificaciones y meses intereses que ofrecerán más de 400 establecimientos en la zona metropolitana.

“Estamos seguros que los consumidores harán compras inteligentes y que el flujo de efectivo durante estos cuatro días vendrá a apoyar la economía del estado en beneficio de los empresarios locales”, aseguró.

La institución anuncia que implementará brigadas itinerantes para recibir quejas y denuncias.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementará un operativo de revisión especial con motivo del programa Buen Fin 2018.

El titular de Profeco en Morelos, Iván Saucedo Tapia, informó que a través del programa “Quien es Quién en los Precios”, realizaron un levantamiento de precios de los productos de mayor demanda, como pantallas, electrodomésticos y sistemas de audio. 

Refirió que a nivel nacional se espera un impacto económico de 97 mil millones de pesos por las transacciones comerciales durante la octava edición de “El Buen Fin”, esto es un 5% más que el año anterior.

Saucedo Tapia señaló que en toda la entidad se estarán desplegando brigadas itinerantes, que estarán atendiendo de manera inmediata cualquier queja o denuncia que se presente, así como también se instalarán de manera permanente dos módulos de información en las plazas comerciales “Averanda” y “Forum” de Cuernavaca.

Además de que personal de la Profeco brindará orientaciones, asesorías y recepción de quejas y denuncias a través de las líneas telefónicas de la Delegación Morelos (777) 314 5918 al 21, las cuales se encontrarán habilitadas de las 09:00 a las 21:00 horas durante los cuatro días del “Buen Fin 2018”.

Integrantes de la ANUEE denuncian que la Profeco desechó 300 quejas contra la paraestatal.

Integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) marcharon por calles del centro de la ciudad y bloquearon este martes la avenida Morelos, para protestar porque la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desechó 300 quejas contra la Comisión Federal de Electricidad “sin justificación”.

Como parte de la protesta, los integrantes de la organización bloquearon durante más de dos horas la citada vialidad para reclamar una audiencia y solución por parte del delegado Iván Saucedo, a quien denunciaron de complicidad con la empresa CFE.

Juan Antonio Rodríguez Solórzano coordinador en Morelos de la agrupación sostuvo que dicho funcionario federal “de un plumazo” echó abajo las 300 quejas de usuarios sin motivación, ni cumplir el procedimiento, y afirmó que no sólo eso, sino que encima dio aviso a la CFE para que personal de esa empresa acuda a las casas a realizar cortes del suministro y a iniciar denuncias por robo de flujo ante la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, no obstante que existe el acuerdo nacional de que no se judicializarán casos que han sido formulados ante la Profeco, tal y como lo señala la norma.

Explicó que en ninguna otra delegación de Profeco han observado una conducta similar, por lo que la indignación de los usuarios de Morelos es mayor.

Informó que el caso será llevado a la asamblea nacional de la ANUEE para analizar los caminos legales a tomar, pero por el momento seguirán la lucha social con movilizaciones como la que realizaron este martes.

El organismo independiente señaló omisión y negligencia en la atención de los damnificados del sismo de 19 de septiembre de 2017.

La CNDH denunció opacidad de los gobiernos federal y estatales en la aplicación de los recursos para atender a los damnificados.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) acusó omisión y negligencia en la atención de los damnificados del sismo de 19 de septiembre de 2017, y afirmó que existen al menos 116 denuncias y quejas sin avanzar en la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por fraudes y abusos cometidos contra las familias afectadas. En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció opacidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales en la aplicación de recursos para atender a los damnificados.

Al realizar una investigación y un balance sobre la situación que priva en las zonas afectadas, principalmente de la región sur del estado, la organización desmintió la versión oficial de que la reconstrucción de las áreas siniestradas lleve un avance del 80%.

Juliana García Quintanilla, coordinadora la comisión, indicó que se realizó una encuesta entre las familias damnificadas en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Jojutla, una de las zonas con mayores daños por el sismo, para dimensionar el impacto emocional, económico y laboral que provocó la tragedia y la desatención gubernamental.

La conclusión de la investigación fue contundente. De acuerdo con García Quintanilla, las familias todavía padecen estrés postraumático por la pérdida de familiares o amigos, por la destrucción de sus viviendas, por las condiciones de precariedad en las que sobreviven por la falta de servicios públicos elementales como agua potable y energía eléctrica, y por la pérdida de sus comercios o fuentes de empleo.

Explicó que han sido las propias familias damnificadas las que evidencian una serie de violaciones a sus derechos humanos, ante la incompetencia de las autoridades para atender el siniestro.

Por ejemplo, dijo, ninguna autoridad implementó un programa de atención psicológica, ni tampoco de orientación jurídica administrativa. Tan es así que los damnificados sufren todavía secuelas a un año de la tragedia y muchos de ellos fueron víctimas de defraudadores y de abusos.

Señaló que los damnificados fueron engañados por un particular que prometió, a cambio de recibir los fondos que fueron depositados en tarjetas que expidió el gobierno federal a los afectados, que les construirían de nuevo sus viviendas, pero eso no ocurrió. También hubo quejas ante la Profeco por establecimientos que aprovecharon la tragedia para encarecer productos.

Expresó que debido a la omisa y negligente atención de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, los damnificados han logrado auto-organizarse para denunciar no sólo las violaciones a sus derechos humanos, sino exigir que los gobiernos cumplan con sus obligaciones.

Al igual que la organización Morelos Rinde Cuentas, la Comisión Independiente de Derechos Humanos destacó que hubo escasa información, reticencia a entregarla o, definitivamente, fue negada, sobre los montos de las aportaciones públicas y privadas para atender los daños del sismo, así como el destino de los recursos.

Por tal razón, la comisión consideró indispensable que la FGE y la Profeco avancen en las quejas y denuncias para sancionar a los responsables de los fraudes y abusos; que los tres niveles de gobierno transparenten el uso de recursos y, de la misma forma, las instituciones privadas como fundaciones y de asistencia, den a conocer sus aportaciones, para dar claridad sobre cuánto se invierte en la reconstrucción y verificar si efectivamente los recursos se usan para ello; que se implemente un programa de empleo y apoyo psicosocial, y se genere un protocolo de seguridad y prevención, así como capacitación para la atención de este tipo de contingencias.

Cifras y recursos sin claridad: CNDH

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que a un año de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, en los cuales, de acuerdo con las cifras oficiales, 470 personas perdieron la vida y mil 372 requirieron hospitalización, no se tiene certeza del avance en la reconstrucción de 209 mil 334 viviendas, 983 unidades médicas y 16 mil 795 escuelas que los gobiernos federal y de las entidades afectadas se comprometieron a rehabilitar.

“Esta Comisión Nacional subraya que las respuestas que ha recibido de las diferentes instancias a las cuales solicitó información han sido, hasta ahora, deficientes e incompletas, ya que no atienden la integralidad de los puntos solicitados ni proporcionan datos consistentes y unificados sobre las afectaciones registradas como consecuencia de los sismos, las acciones emprendidas para su atención y el grado real de avance en las mismas, en aspectos tan relevantes como el número de inmuebles reconstruidos, cifra que inclusive varía en una misma autoridad de un informe a otro”, señaló en realación a la información requerida a autoridades federales y a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, que solicitaron la declaratoria federal de desastre.

Destacó una serie de inconsistencias en las cifras de daños que impide dimensionar objetivamente los daños ocasionados por los sismos. Por ejemplo, en materia de vivienda, los estados afectados refirieron de manera inicial 209 mil 344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60 mil 366 presentaron daño total y 148 mil 978 daño parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172 mil 26 fueron afectados e incorporados en el esquema de reparación de viviendas de la Sedatu.

“Estas diferencias en cifras y datos reportados reflejan una lamentable falta de coordinación entre instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de  la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a personas damnificadas para cumplir los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación, además de que generan confusión en la sociedad y la percepción de insuficiente coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno”, destacó.

Otro rubro en el que la Comisión Nacional no advirtió avances sustantivos, ni a nivel federal o local, es la necesaria consolidación de una cultura integral de prevención de desastres que involucre tanto a las autoridades como a la sociedad, a efecto de actuar con responsabilidad y anticipación para reducir, en la medida de lo posible, las consecuencias de los fenómenos naturales que se presenten, partiendo para ello de una normativa clara y pertinente, así como de instituciones fuertes que cuenten con los recursos y capacidades necesarias para tal efecto.

Por ello, hizo un enérgico llamado a las autoridades para que asuman sus responsabilidades, den celeridad a la atención a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017, y remitan íntegramente a la CNDH la información que les ha solicitado.

Pide comparar antes de comprar.

Zona sur.- “En este regreso a clases, lo primero que debe hacer la gente es identificar cuáles son los productos que de verdad necesitamos. No nos puede obligar ninguna escuela a ocupar útiles nuevos; podemos nosotros reutilizar útiles que ya usamos el año pasado. Así que debemos identificar cuáles son los productos que necesitamos, después identificar los establecimientos donde podemos adquirirlos y finalmente comparar”, enfatizó el encargado del departamento de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Morelos, Jaime Barrera, ante el inminente inicio del ciclo escolar.

Destacó que es muy importante realizar una comparación de precios tanto en este regreso a clases, como de cualquier producto, porque han encontrado diferencias que van desde 10 hasta 50 pesos. Para auxiliar en esta tarea, dijo, la Profeco cuenta con una página llamada “Quién es quién en los precios”, donde se hacen comparativos de precios por establecimiento.

Además, se pueden reciclar los útiles escolares en buenas condiciones, pues ninguna institución educativa puede obligar a que sean útiles nuevos o a que lleven el logotipo del colegio.

“Ni de tal calidad, ni de tal marca o, incluso, que se tengan que comprar en el colegio; así que la gente deber hacer valer sus derechos. Una simple llamada (a la Profeco) puede hacer la diferencia para corregir esa práctica abusiva. Muchas veces encontramos negocios que no están respetando el precio que está exhibido y no hacen nada, sin embargo, con una llamada nosotros podemos acudir y corregir esa práctica abusiva y sancionar a ese proveedor”.

“La idea principal de estas ferias es dar precios accesibles a las familias morelenses, garantizar a los consumidores que los productos que se estén comercializando cumplan con las normas oficiales mexicanas, que no sean productos que puedan poner en riesgo la vida o la salud de los consumidores”.

Comentó que en la feria de Jojutla, la Profeco contará con una brigada hasta el día 26 de agosto.

Reconoció que los precios de los útiles escolares no están controlados y pueden subir de acuerdo con la oferta y demanda, por ello, lo que la Profeco hace es evitar que haya abusos.

Finalmente, mencionó que esta semana van a visitar escuelas particulares, por lo que aprovechó para mencionar que en ninguna escuela particular se puede obligar a comprar útiles escolares ni uniformes, ni obligar a participar en eventos que sean extracurriculares. Además de que, por ley, estas escuelas tienen que dar un periodo de pago sin cargo adicional alguno dentro de los 10 días naturales al corte.

“Desgraciadamente los padres de familia no lo saben y a veces nos dan de tres a cinco días para realizar el pago de la colegiatura y, si no lo haces en ese período, te cobran un cargo adicional, lo cual está prohibido, tiene que ser dentro de los 10 días naturales sin que te cobren alguna comisión”.

Se instalará en la calle Hidalgo del Centro de Cuernavaca con descuentos.

El Ayuntamiento de Cuernavaca organizará del 16 al 19 de agosto la Feria de Regreso a Clases 2018 conjuntamente con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Lo anterior fue informado la mañana de este martes -en conferencia de prensa- por la secretaria de Desarrollo Social, Margarita González Saravia, quien informó que la feria se instalará en la calle Hidalgo del Centro de Cuernavaca, y estará abierta al público de nueve de la mañana a ocho de la noche.

La funcionaria municipal explicó que la Feria del Regreso a Clases se realizará de forma coordinada con la Profeco, con el propósito de ofrecer productos escolares de calidad en un solo lugar, con descuentos que ayuden a la economía de las familias de Cuernavaca.

“El objetivo es que las familias que tienen que hacer compras de material de regreso a clases, puedan surtir sus listas escolares en un solo lugar, con proveedores confiables y con atractivos descuentos”, añadió.

La funcionaria señaló que en esta Feria de Regreso a Clases 2018, se tendrá la participación de diversos expositores y proveedores de material escolar como libros, cuadernos, calzado, mochilas, entre otros productos con descuentos y todos ellos pertenecientes al comercio formal.

La delegación Morelos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de falsos verificadores.

De acuerdo con el delegado estatal, Iván Saucedo Tapia, existen personas que se hacen pasar por verificadores de la Profeco y amedrentan a comerciantes, principalmente en tiendas de abarrotes, cremerías y pollerías, sobre posibles sanciones económicas por no cumplir con la calibración de sus básculas y otros requisitos reglamentarios.

Refirió que estos falsos funcionarios de la Profeco piden dádivas económicas a los vendedores a cambio de un supuesto servicio, como la calibración de las básculas o para evitar una supuesta multa, lo cual es causa de un delito grave.

Por lo anterior, alertó a los dueños de los comercios a tomar precauciones y no dejarse engañar.

“Son presuntas verificaciones que van a realizar como personal de Profeco a estos negocios, donde ellos les hablan por costos de calibración, instrumentos de medición; han llegado a inmovilizar negocios, a poner sellos, a dejar hologramas… Pero lo más grave es que han llegado a recibir dinero a cambio de completar el trámite. Realizan un operativo apócrifo e ilegal y aprovechamos para decir que los verificadores no están autorizados para recibir dinero”, aseveró.

El delegado de la Profeco recomendó a los ciudadanos acudir a la dependencia estatal (cuyas instalaciones se encuentran en el primer cuadro de Cuernavaca) para cumplir con la norma y evitar ser engañados.

Además confirmó que presentó una denuncia ante la PGR para que se investigue y sancione a los falsos verificadores.

Inicia procedimientos administrativos por anomalías en la calibración de las bombas; verificarán a cerca de 300 establecimientos en todo el estado.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició procedimientos administrativos en contra de ocho gasolineras por irregularidades en la calibración de sus bombas, durante este 2018. El delegado Víctor Saucedo Tapia informó que se verificará a cerca de 300 establecimientos en todo el estado.

De acuerdo con el funcionario estatal, las verificaciones se realizan de manera aleatoria y hasta la fecha han revisado 30 estaciones de combustible a fin de evitar que haya robos en el abastecimiento del hidrocarburo por una mala calibración en las bombas.

“Lo que se busca es que estén operando con sus instrumentos que estén debidamente calibrados, es decir, que estén otorgando la cantidad de litros y mililitros que se estén solicitando y que estén con sus hologramas que acrediten haber tenido su proceso de calibración por parte de la Procuraduría”, explicó Saucedo Tapia.

Refirió que las multas pueden ser superiores a los 100 mil pesos si en el proceso de resarcimiento de las observaciones hechas a las estaciones de servicio, éstas no se subsanan.

De acuerdo con el delegado de la Profeco, las verificaciones a las gasolineras se realizan como parte de un programa que implementa la dependencia, o bien, por las quejas que los ciudadanos presentan ante posibles abusos en el servicio.

Por otro lado, recordó a la ciudadanía que el operativo de verificación a negocios con motivo del Día de la Madre se realizará hasta este fin de semana, a fin de atender quejas en caso de abusos en los precios o el servicio recibido.

Hasta ayer, Saucedo Tapia informó que no se habían iniciado procedimientos en contra de alguna empresa.

Para evitar que las tiendas eleven el precio de sus productos y servicios.

Cuautla.- De cara a los festejos por el Día de las Madres, la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Cuautla comenzó el censo de los productos que comercializan diversas tiendas, a fin de que la ciudadanía cuente con un parámetro de los precios que deben tener los productos o servicios que ofertan y estos no sean elevados por la temporada, precisó Felipe Alejandro Andrade Tapia, titular de la dependencia federal en Cuautla.

Rubros como perfumería, joyería, aparatos electrónicos, viajes y renta de habitaciones de hotel, así como florerías, es donde mayormente se presentan este tipo de situaciones, por lo que Andrade Tapia explicó que a través de diversos operativos en diversos establecimientos se pretende evitar la inflación de los precios de sus productos.

También exhortó a la ciudadanía a que si detecta que algunos productos se encuentran por encima de su precio normal, acuda a las oficinas de la Profeco para interponer una denuncia y se pueda actuar de inmediato para aplicar las sanciones correspondientes.

Hizo un llamado a la población para que no se deje sorprender por supuestas ofertas en las que les aseguran a los clientes que tendrán una verdadera oportunidad de ahorro, cuando en realidad terminan pagando el costo real de los productos que adquieran.

Iván Saucedo Tapia fue designado delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a varios meses de que Zaira Fabela Beltrán renunciara a dicho cargo en busca de una candidatura.

El exdirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Cuernavaca aseguró que el trabajo que realizará en dicha dependencia federal “será ajeno a asuntos políticos o partidistas”, ya que pudiera pensarse de otra forma por el proceso electoral que se desarrolla.

De igual forma, rechazó que su nombramiento se haya debido a su militancia en el PRI.

El 1 de enero, Zaira Fabela dejó la delegación pues buscaba una candidatura por el tricolor y en su lugar se designó a Jonathan García Campuzano y posteriormente a Jaime Barrera Melo, ambos como encargados de despacho.

Saucedo Tapia informó que se enfocará en atender el rezago en la aplicación de multas. Asimismo, dijo que convocará al Consejo Consultivo del Consumo, que no ha funcionado desde hace mucho tiempo, y que acercará a la Profeco a los empresarios.

“Quiero revisar dos temas con puntualidad, que es el estatus que guardan las cuentas pendientes por ejecutarse, el volumen (de multas) es muy grande y se tiene que notificar. Pero lo que más me interesa es poder realizar la instalación del Consejo Consultivo del Consumo, donde están las cámaras empresariales, porque no ha estado operando con regularidad”, aseguró.

Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) protestaron este viernes frente a las oficinas de la delegación en Morelos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para exigir el cumplimiento de los acuerdos sobre la suspensión del “acoso judicial” por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Los manifestantes llevaron a cabo un bloqueo intermitente a la circulación vehicular en la avenida Morelos, en el centro de Cuernavaca.

Exigieron que cesen los cortes en el suministro de energía cuando haya quejas iniciadas ante la dependencia federal.

Los inconformes señalaron que han continuado las amenazas de cárcel a usuarios por supuesto robo de electricidad, aún cuando hay procesos de conciliación.

Dijeron que desde hace varios meses, incluso años, se firmó una minuta con la delegación federal para buscar que se sancione a la CFE por cobros irregulares y abusos en contra de los consumidores, no obstante, sentenciaron que la Profeco “ha sido omisa”.
El contingente marchó desde las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), recorriendo el primer cuadro de la ciudad hasta la delegación  de la Procuraduría Federal del Consumidor en la avenida Morelos, donde bloquearon la circulación vehicular, lo que generó transito intenso en la zona.

El director de delegaciones sostiene que los insumos para ese producto no han incrementado sus precios, pese a las pruebas ofrecidas por los empresarios del ramo.

Ante quejas de ciudadanos por el incremento en productos de la canasta básica, personal de la Procuraduría recorrió centros comerciales del estado.