La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC) estimó que más de mil niñas y adolescentes son explotadas sexualmente en Morelos, ante la proliferación de antros y botaneras principalmente en la zona metropolitana, y el arribo de organizaciones criminales que han sido desplazadas de sus principales centros de operación por operativos policiacos y rescate de víctimas en otras entidades.

“Los tratantes de Tenancingo (en Tlaxcala), como se cerró la posibilidad en el Distrito Federal (actual Ciudad de México) y se cerró la posibilidad en Puebla, pues el estado que queda más próximo para sus negocios ilícitos es Morelos, que además tiene la característica de que los fines de semana lo visitan los chavos que vienen al reventón y hay muchas botaneras, donde las meseras son niñas y que no sabemos si son víctimas de trata”, dijo Teresa Ulloa Ziaúrriz, de la CATWLAC.

Informó que la organización comenzó con la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado contra establecimientos que operan como burdeles y donde se ha detectado la explotación sexual de niñas en los municipios de Yautepec, Temixco y Jiutepec.

Dijo que está a la espera de que las autoridades atiendan las denuncias y realicen las acciones necesarias para combatir la trata de personas, pues calculó que en Morelos al menos mil 500 niñas y adolescentes son explotadas sexualmente en establecimientos que, en muchos casos, operan con el patrocinio de las autoridades locales. 

Consideró que las autoridades de los tres niveles de gobierno y los tres Poderes del Estado no contribuyen lo suficiente para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas, pero lamentó especialmente que sean los funcionarios del Poder Judicial quienes se intimiden ante los grupos de la delincuencia organizada, quienes son los principales promotores y beneficiados con este ilícito.

“Otro grave problema que nos estamos topando es que cuando hay delincuencia organizada los jueces no le quieren entrar, se declaran incompetentes tanto los federales de procesos penales con residencia en Cuernavaca como los jueces del Tribunal Superior de Justicia del estado”, subrayó.

Lamentó las recientes declaraciones del secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, respecto a que la mayor parte de las desapariciones de menores y jóvenes tiene su origen en problemas familiares o porque huyen con los novios.

Dijo que no se puede generalizar y debe analizarse cada caso, pero insistió en que hay muchos casos de sustracción de menores  y, que hasta hoy, siguen sin ser aclaradas y las víctimas sin ser localizadas.

“Hay mucha sustracción, pero también hay casos que no se han aclarado, tenemos por ejemplo el secuestro de la niña Yamilet, que fue levantada desde enero y hasta ahorita apenas se está moviendo el expediente, cuando había muchos elementos para tratar de localizarla”, destacó, y recordó también el caso de Estefanía, de 14 años, quien fue sustraída por primera vez por un individuo llamado Oscar Miranda, de 26 años, y como no se aplicó castigo alguno, se la volvió a llevar y hasta ahora se desconoce el paradero de la menor.