La semana pasada la SCJN admitió la controversia constitucional 43/2015 promovida por el presidente municipal de Amacuzac, contra el acuerdo emitido por el Pleno del TECyA que ordenó su inmediata destitución por desacato a la resolución dictada dentro del expediente laboral 01/198/08.
Para evitar la ejecución de la destitución, el ayuntamiento de Amacuzac promovió la controversia constitucional en la que el alcalde reclamó la invalidez de la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que establece que ante la desobediencia de las resoluciones judiciales se podrá imponer como sanción la “destitución del infractor sin responsabilidad para el gobierno del estado o de los municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje”.
También demandó la invalidez de la resolución del Pleno del TECyA, emitida el 8 de mayo pasado, en la que por unanimidad se aprobó la destitución, y el acuerdo emitido por la presidencia de este tribunal el 2 de junio para notificar al ayuntamiento sobre el cese del edil.
La SCJN determinó conceder la suspensión para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se ejecute la orden de destitución contra Reinoso Nava, hasta que se resuelva la controversia constitucional.
El presidente municipal de Yecapixtla, Refugio Amaro Luna, también fue cesado por el TECyA, y a mediados de julio el máximo tribunal del país le concedió la suspensión para frenar la destitución derivada del incumplimiento de un laudo.
Otro funcionario que por el momento goza de la protección constitucional es el síndico municipal de Tetela del Volcán, Eduardo Martínez López, a quien el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó cesar de sus funciones por desacato a la sentencia dictada en el expediente TCA/1ra/16/13, en la que se condenaba al ayuntamiento al pago de poco más de un millón de pesos a un ex jefe policiaco.
De acuerdo con fuentes del TCA y TECyA, otros presidentes municipales están al filo de la destitución por desacato a las resoluciones de estos tribunales, siendo el edil de Jonacatepec, Marcos Aragón Reyes, quien sigue en la lista de los funcionarios susceptibles a ser depuestos.