En conferencia de prensa, representantes de la agrupación recordaron que este asunto tiene su raíz desde el año 2005, cuando de manera unilateral el IEBEM les pretendió aumentar las cuotas de incorporación en 1 mil 200% y por tanto recurrieron al juicio de amparo. Actualmente la resolución final ha sido emitida y hay en curso una solicitud de aclaración del fallo. Sin embargo, destacaron que a diferencia de años anteriores – en los que se ha desarrollado el citado proceso legal- se les había entregado las boletas, certificados, cárdex y demás documentación para sus estudiantes y ahora no.

La presidenta de la asociación Magda Ponce apuntó que no obstante que han recurrido a la vía legal y han pedido la intervención del Congreso del Estado, a la fecha no habían tenido respuesta, e insistió en que la autoridad trata de minimizar el asunto al acusar que las escuelas no quieren aportar recursos, cuando “no se trata sólo de 30 pesos sino de que se cumpla con la legalidad”.

Explicó que el juicio se ha alargado porque en la última resolución de marzo del 2010, hay cierta confusión en virtud de que por un lado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, habría establecido que el IEBEM no tiene facultad para hacer cobros a las escuelas particulares y por otro establece que se debe aplicar las cuotas del 2004, y no las que se pretendía aumentar en el 2005. “Ellos nos dicen que no hay claridad, ya que esta resolución sólo haría referencia al año 2005 y no aclararía si se aplica lo mismo para los años subsecuentes, por eso se pidió al mismo tribunal que emitiera una aclaración para efectos. Eso generó que se alargue el juicio pero mientras esperamos esa determinación final, el IEBEM está obligado a cumplir con la suspensión provisional y darnos los documentos”.

Acusan cobros adicionales irregulares

La presidenta de la Apepac acusó que “el asunto de fondo es que si el TCA decide que el IEBEM no debe hacer ningún tipo de cobros, entonces para ellos resulta mucho mayor el problema, porque nos cobran cada mes distintas cosas”.

Mencionó que las escuelas en cada una de las supervisiones escolares, tienen que pagar una cuota que varía desde los 250 a los mil 500 pesos, porque se van rotando el pago de teléfono y a veces les toca pagar mayores montos. Además, no se les entrega recibos fiscales sólo un papel simple. “Nosotros nos preguntamos ¿qué no hay un presupuesto que se le da al IEBEM para todos los gastos de operación?”.

Asimismo destacaron que las escuelas particulares aportan por ley el 5% de becas de su matrícula, y en muchos casos se dan más apoyos, que las instituciones privadas aportan.

Una vez en las instalaciones del IEBEM, los integrantes de la Apepac fueron recibidos por el encargado del área jurídica José Luis Reyes Macedo, a quien le entregaron documentos emitidos por el TCA.

El funcionario les respondió que el instituto, en estricto cumplimiento con las normas jurídicas no ha violentado la resolución judicial y hasta que no recibieran la notificación correspondiente no tendrían que hacer la entrega de dichos documentos.

Con evidente molestia propietarios y directores de diferentes escuelas expusieron que se aplica un criterio distinto, como si se tratara de asuntos personales, toda vez que a algunas de las escuelas que son socias de Apepac y que están en el juicio, ya se les entregó la documentación y a otras no.

Mostraron una circular en la que el IEBEM advierte que está prohibido condicionar la entrega de documentos a cuotas de cualquier tipo y que se harían acreedores a sanciones, “y en este caso a nosotros sí nos condicionan, se aplica la ética de distinta forma”.

Asimismo, expusieron su descontento al sostener que el instituto estaría violando los derechos humanos de los niños y niñas, al supeditar sus documentos, tales como boletas y certificados, a un asunto de pagos, al tiempo de advertir que podría haber movilizaciones de padres de familia.

Finalmente, ante la respuesta negativa de los funcionarios, los integrantes de la asociación informaron que esperarían esta respuesta por escrito el próximo miércoles, y advirtieron que seguirán con la vía jurídica, “pues para nosotros el seguir la legalidad es parte del proceso de educación integral. Nos ofrecen que negociemos y paguemos 30 pesos, pero no podemos aceptar si lo jurídico nos indica otra cosa” insistieron al retirarse de las referidas oficinas.