Dentro del presupuesto del próximo año se contemplará una partida para cumplir con varias acciones pendientes, incluidas en las recomendaciones que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (Conavim) hizo al gobierno de Morelos para evitar la implementación de la Alerta de Violencia de Género.

Iraís Ortega Zúñiga, responsable del tema en la Secretaría de Gobierno estatal, señaló que dentro de las 15 recomendaciones emitidas el año pasado por la Conavim se desglosaron una serie de acciones que en la medida de las posibilidades del Poder Ejecutivo fueron atendidas y algunas fueron proyectadas para desarrollarse en un corto, mediano o largo plazo, de acuerdo con la complejidad y la disposición presupuestal para ejecutarlas.

Sostuvo que entre las acciones había algunas de imposible cumplimiento por la falta de recursos económicos y por ello se fijó un calendario para desarrollarlas, pero su ejecución podría tomar al gobierno de Morelos más de un año.

“Estamos previendo un cumplimiento a largo plazo para llevarlas aproximadamente entre 12 y 14 meses porque tienen que ver también con designar presupuesto para cumplir ciertas recomendaciones”, señaló.

Dijo que ante el compromiso con la Conavim de dar cumplimiento a todas las acciones incluidas dentro de las 15 recomendaciones, se tiene previsto integrar el presupuesto del gobierno estatal con perspectiva de género y con una partida específica para atender los pendientes.

Ortega Zúñiga afirmó desconocer los montos de las partidas que se considerarán en el proyecto de la ley de ingresos estatal para el ejercicio fiscal 2016, sin embargo sostuvo que “estamos trabajando en eso, eso lo está viendo directamente la Secretaría de Hacienda, ellos están trabajando en precisamente ir integrando el presupuesto con perspectiva de género”.

Recordó que parte de los pendientes son la construcción del Centro de Justicia para Mujeres, que en Cuernavaca está en curso, pero falta la edificación de las subsedes en Yautepec y Jojutla, además de la capacitación continua a los operados del sistema de procuración e impartición de justicia para efecto de que los fiscales y jueces, principalmente, integren las carpetas de investigación y desahoguen los procesos judiciales con perspectiva de género.