Expresó que si bien las autoridades argumentan que las recientes reformas legales para la implementación de los operativos para detectar a automovilistas ebrios son parte de las medidas para prevenir accidentes de tránsito, “me preocupa… que se tomen como primarios estos temas y no se corrijan como primarios, aspectos, por ejemplo, la persecución de la corrupción de los funcionarios públicos”.

Consideró que hay poca socialización sobre el tema del alcoholímetro y también la sociedad desconoce si hay argumentos suficientes para que las autoridades recurran a esta medida que, indudablemente, entra en pugna con los derechos de las personas, a la privacidad y libertad de tránsito.

“Hay una serie de principios que están en pugna, por una lado está el derecho a la intimidad y libertad de tránsito sin que me tenga que estar revisando nadie, y por otro lado está en pugna la seguridad de los ciudadanos de que nadie ande manejando alcoholizado, pero hay que revisar si hay un estadística suficiente que muestre que es imperioso imponer una restricción como ésta, porque es una violación a la libertad de tránsito”, señaló.

Dijo estar en desacuerdo con que se establezcan medidas restrictivas y persecutorias, direccionadas primordialmente contra los ciudadanos, y de manera abierta se omita investigar, perseguir y sancionar a los servidores públicos corruptos que han permitido el funcionamiento de establecimientos, muchos de ellos ilegales o clandestinos, que incitan al consumo excesivo de bebidas embriagantes.

También lamentó que mientras se insiste en perseguir las conductas inadecuadas de los ciudadanos en víspera de la aplicación del alcoholímetro, las autoridades permitan la proliferación de cantinas y bares que operan fuera de la ley y no se persiga  a quienes rompen el Estado de Derecho.

“Para que haya congruencia, debe haber congruencia en la persecución de la conducta errónea o la conducta ilícita, y porqué se persigue al ciudadano pero no se persigue a los núcleos generadores ilegales de esa conducta”, cuestionó.

Consideró que en cuanto comiencen los operativos para la aplicación del alcoholímetro (que podría ser en agosto o finales del año) posiblemente habrá amparos e inconformidades que deberá de resolver el  Poder Judicial de la Federación.