Una investigación realizada por La Unión de Morelos sacó a flote una serie de deficiencias que pueden influir para que la administración de justicia no se mejore, pues esa es la tarea del nuevo Código Procesal Penal Único, que obliga a todos los estados a implementar los juicios orales, con el propósito de agilizar las sentencias, la cual tiene que ser emitida antes de los 12 meses a partir de la detención.

Personal de las siete salas de juicios orales –que pidió el anonimato, pues la mayoría no goza aún de una plaza- confirmaron que los empleados que auxilian a los jueces no han sido capacitados por la Escuela Judicial, organismo que depende del TSJE, y que goza de presupuesto, pero que no ha implementado un curso de capacitación al personal de los juzgados penales para que conozcan las nuevas disposiciones.

Según los entrevistados, el único curso que recibieron (de un día) fue el impartido por el magistrado del TSJE, Jorge Gamboa Olea, el pasado septiembre en el hotel Holiday Inn.

Tal y como se puede apreciar en la pantalla del edificio de los juicios orales, a diario se desarrollan hasta 40 audiencias, en las que tiene que auxiliar personal meritorio (que trabaja con la promesa de ser contratados) porque -dado el cúmulo de trabajo- el personal de planta no se da abasto para ayudar a los jueces.

Según los empleados entrevistados, cada uno de los 14 jueces de Cuernavaca sólo cuenta con un secretario de acuerdos y un oficial, cuando en otros juzgados (en materia familiar por ejemplo) los jueces tienen por lo menos dos secretarios de acuerdos, dos actuarios, y el mismo número de proyectistas y, a diferencia de los juicios penales, los jueces no están obligados a estar presentes en las audiencias.

“Yo llevo meses de meritorio, soy abogado titulado, no recibo sueldo, y ni siquiera  hemos sido capacitados para saber el contenido del código que se implementa en todo el país. Muchos están inconformes pero no dicen nada, porque viven con la promesa de que serán contratados”, dijo uno de los entrevistados.

Y es que es común ver que los meritorios tienen funciones propias de los secretarios de acuerdos, pero sin percibir salario.

Sin embargo, el cúmulo de trabajo es mucho.

El edificio de los juicios orales abre sus puertas de lunes a viernes a las 8 con 30 minutos.

Como ya se dijo, a diferencia de  juicios de distinta índole, en materia penal el juez tiene que estar presente, pero en ocasiones son 40 audiencias al día, lo que implica que en algunas ocasiones el personal termine sus labores en la madrugada.

Además, algunas audiencias -como las de formulación de imputación y vinculación a proceso- no pueden ser suspendidas bajo ningún motivo, porque ello implicaría que el imputado obtuviera su libertad debido a que se violarían sus derechos humanos.

En cuanto a las instalaciones, éstas no son las adecuadas, además de que están deterioradas y el elevador está descompuesto desde octubre del año pasado y no ha sido reparado, a pesar de que es frecuente que personas en silla de ruedas  sean citadas como testigos, y tengan que ser cargados en ocasiones hasta dos pisos por el personal y sus familiares.

Ingenieros de la Universidad Autónoma de Colima elaboraron un diagnóstico que concluyó que debido a las malas instalaciones y la falta de personal, el sistema oral en Morelos (implementado en el 2009) trabaja a un 70 por cierto, pero -según los empleados- a pesar de que lo anterior se le dio a conocer a la presidenta del TSJE, Nadia Luz Lara Chávez, no se hizo nada para mejorar la situación.

Morelos, a diferencia de muchas entidades del país, tiene el problema adicional de que se aplican tres códigos penales: El que estuvo vigente hasta antes del 2009 (gracias al rezago de la justicia); el que se implementó cuando Morelos instauró la justicia oral (2009), y el que entró en vigor este año en todo el país.

Para darle cabida al nuevo código en Cuernavaca, por ejemplo, sólo hay 14 jueces, 28 funcionarios que los auxilian,  y seis personas que se encargan de la cuestión administrativa.

En el área de informática (pues ya es obligatorio grabar en audio y video cada una de las audiencias) sólo hay cinco personas para atender siete salas, es decir, hace falta contratar por lo menos a dos personas más.

El nuevo código penal establece nuevas medidas, pero hasta el momento muchos de los empleados judiciales las desconocen, y tendrán que descubrirlas en la medida en que se vaya aplicando la nueva legislación.