Gabriela Marcelino, una de la familiares de los detenidos, detalló que policías estatales y elementos de las fuerzas federales ingresaron a domicilios en el municipio de Ayala por la fuerza y sin órdenes de cateo, golpearon a mujeres, niños, ancianos y así como a los hombres detenidos.
Detalló que una de las primeras en ser sometida y torturada fue su hermana Adelaida, abogada y oficial del registro civil, a quien los uniformados trataron de obligarla a confesarse como homicida del activista pero ella se resistió y se negó.
Sostuvo que los policías continuaron golpeando a las familias y saqueando las casas, porque decían que ellos tenían la orden de encontrar culpables a como diera lugar.
Aseguró que los policías le dijeron a la abogada "eso le está pasando a tu familia porque no te declaraste culpable del asesinato del activista... ustedes encajan como anillo al dedo en esa situación y por eso nos los vamos a llevar’. Según el relato, "comenzaron a hacer un saqueo masivo en la casa, se llevaron dinero en efectivo, se llevaron un aproximado de 150 mil pesos en efectivo, se llevaron cínicamente hasta la despensa de la casa, así como también saquearon una pequeña tienda de la que tiene una de la señoras, de las esposas de los detenidos”, narró.
Los indígenas tlapanecos -identificados como Héctor y Elidio, ambos de 35 años, Víctor de 25 y Victorino de 50 años de edad- fueron detenidos y puestos bajo prisión preventiva por un juez, por los presuntos delitos de resistencia a particulares, posesión de vehículo de procedencia ilícita y la supuesta autoría del homicidio del activista.
Gabriela Marcelino explicó que existe documentación que corrobora que los vehículos decomisados son de procedencia lícita e insistió en que los cuatro detenidos son inocentes y se pretende fabricarles delitos para tenerlos como “chivos expiatorios”
“Nosotros lo que necesitamos es que se haga justicia y que realmente salgan y atrapen a los verdaderos asesinos del activista, no que culpen a indígenas tlapanecos y que los metan a la cárcel...”, dijo.
Denunció también que los cuatro indígenas detenidos están en el penal de Atlacholoaya y no en el penal de Cuautla, lo que consideró una situación irregular.