El también integrante del Consejo Ciudadano en Materia Laboral señaló que se busca que todos los conflictos se solucionen a través de la conciliación, por lo que recurrieron a la Secretaría del Trabajo, donde este viernes tenían programada una reunión, la cual no se celebró porque los representantes de la Secretaría de Cultura no llegaron, sin previo aviso, de tal manera que no fue posible analizar las violaciones a las condiciones generales de trabajo y "se muestra un absoluto desdén" de esos funcionarios.

Apuntó que se acordó con personal del trabajo que se reprogramará la reunión para el próximo 8 de agosto, para desahogar esta mesa.

Juárez Rivas llamó al Ejecutivo estatal a mostrar voluntad para conciliar los intereses, no sólo como mediador en la iniciativa privada sino como actor, en este caso directamente involucrado.

En el caso de la Secretaría de Cultura, apuntó que se trata de 42 trabajadores que recibieron la petición de sus superiores de firmar su renuncia y pretenden forzarlos a aceptar la reducción de su salario. Algunos de ellos ganaban más de 20 mil pesos, pero ahora tienen que recibir 12 mil pesos; los que cobraban, por ejemplo, 12 mil pesos, los obligan a aceptar cuatro mil, con la amenaza –refirió el abogado– de que ésta es la vía para evitar despidos masivos.

Destacó que la renuncia que se les ha obligado a firmar es totalmente inválida. "Parece que sus asesores no están muy enterados o no conocen porque no puede valer si siguen trabajando.

"Mientras la secretaria (Cristina Faesler) anda vacacionando en el extranjero, los trabajadores están en la incertidumbre de que no podrán cobrar sus salarios completos. Además, ella ni siquiera cumple los requisitos constitucionales para ocupar ese cargo, así que el gobierno está violando los derechos flagrantemente", aseveró.

Además, denunció que hay quienes tienen un sueldo y laboran en el Instituto Nacional de Bellas Artes y también se supone que están trabajando aquí y eso –aseguró– significa una irregularidad porque no cumplen con ambos trabajos y dejan fuera de toda posibilidad de crecimiento profesional a los trabajadores morelenses que llevan entre 15 y 25 años laborando en esa área oficial.