El comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, informó que derivado de la inseguridad y la violencia de los últimos años, proliferaron empresas de seguridad privada sin tener los requisitos legales y que alistaron ex agentes de las corporaciones policíacas estatales o municipales pese a sus antecedentes.

“Estamos, primero, con el análisis documental de la factibilidad de las empresas; había un desorden también. Obviamente, el tema de la inseguridad y la violencia que se vivió en el estado creó el hecho de que se fomentara la creación de muchas empresas privadas con irregularidades; entonces le vamos a poner orden a eso y va a ser un proceso que va a tardar prácticamente diez meses”, dijo.

Explicó que varias empresas manifestaron ante la dependencia su intención de regularizarse y apegarse a los lineamientos legales de operación para continuar con la prestación del servicio.

Capella Ibarra recalcó que será condición para regularizarse y operar, al aceptar las disposiciones que imponga la CESP, que incluye la prohibición de reclutar como agentes de seguridad privada a ex policías que fueron dados de baja por reprobar las evaluaciones y que los elementos sean sometidos a los exámenes de control de confianza, cuya aplicación –se analiza– pudiera estar a cargo de las autoridades estatales.

El comisionado sostuvo que es imperante que las empresas de seguridad privada operen bajo el esquema legal y que den certeza a quienes contratan sus servicios, así como advirtió que aquellas que funcionen de manera irregular “las vamos a cerrar, las vamos a clausurar, las vamos a multar y hay un delito inclusive por quien fomente esto”.

Hasta julio de 2013 había 97 empresas registradas ante la extinta Secretaría de Seguridad Pública estatal (hoy Comisión Estatal de Seguridad Pública) con un numero aproximado de cuatro mil 600 guardias. Sin embargo, la autoridad reguladora no especificó cuántas de éstas tienen su documentación en regla y vigente, así como el número de establecimientos que operan de forma irregular o sin registro estatal.