El juicio legal que sostiene el empresario del ramo restaurantero contra su ex esposa y modelo venezolana, Fernanda Inmaculada Alió Lovera, ha sido seguido por los medios nacionales y locales, pues en el mismo se ha visto inmiscuido el ex gobernador, ya que éste fue llevado ante un juez, el pasado febrero, acusado de haber golpeado a la ex pareja de su cuñado, cuando la Policía Ministerial realizó un operativo en exclusiva zona residencial en búsqueda de la menor, debido a que la modelo acusó ante el Ministerio Público a Gómez de la Borbolla, por el delito de sustracción de menores.

El ex mandatario estatal quedó libre de la acusación, tras presentar una prueba pericial que señalaba que él no le pudo ocasionar la lesión a la modelo.

En la audiencia de ayer (celebrada en la sala seis), la Fiscalía leyó los cargos contra Gerardo Gómez, al que acusó de no cumplir con lo dispuesto por la juez Quinto en Materia Familiar, que lo condenó a pagar una pensión alimentaria de 30 mil pesos mensuales “y usted no ha cumplido con dicha obligación desde el pasado diciembre del 2013”, afirmó el fiscal frente al juez de Control, Jorge Gamboa Olea.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), lo anterior ha provocado daños a la menor, pues la omisión en la que el hombre ha incurrido, ha obligado a la madre a tener que absorber todo el gasto y esto puede provocar que la niña no tenga el mismo nivel de vida al que estaba acostumbrada.

La ex pareja del imputado pidió al juez que el nombre de su hija no fuera mencionado en los medios de comunicación, pues afirmó que ella ha sido quien ha sufrido las consecuencias.

Gómez de la Borbolla escuchó las acusaciones en su contra, pero se negó a rendir su declaración ante el juez, pues argumentó que lo haría en el momento procesal oportuno y dijo tener documentos que demuestran que no ha dejado a su hija en el abandono.

La defensa particular afirmó que en las próximas horas demostrarán que su cliente, por el momento, no cuenta con los recursos para depositar los 30 mil pesos a los que fue condenado, pero sí ha entregado diversas cantidades con el fin de no dejar a su hija en el desamparo.

En la audiencia de ayer la Fiscalía pidió vincular a proceso al acusado, pero la defensa solicitó ampliar el término constitucional, así que será el próximo 23 de mayo a las 10:00 horas cuando nuevamente el cuñado del ex gobernador se presente ante el juez para definir su situación jurídica.

Mientras tanto, el juez Gamboa Olea se quejó porque la Fiscalía solicitó medidas cautelares, pero no especificó cuáles, razón por la cual tuvo que subsanar la deficiencia del Ministerio Público, al reconocer que su deber como juzgador “es hacer prevalecer el interés superior y en este caso es la protección a la menor”.

Por ello (al reconocer que el fiscal no solicitó ni siquiera la aplicación de una fianza), le fijó al imputado un pago de 20 mil pesos, cantidad que tiene que ser cubierta en los próximos cinco días hábiles.

Además, le ordenó no salir del país mientras no se defina la situación legal y acudir cada último viernes de cada mes a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) a firmar, no obstante que la defensa se opuso argumentado que su cliente ha cumplido con la obligación impuesta por la juez de lo familiar, pues ha depositado dinero y si no ha cumplido con los 30 mil pesos mensuales, es porque sus percepciones se han visto reducidas en los últimos meses, tal y como buscarán comprobar en la próxima audiencia.