De acuerdo con el expediente 684/2014 del Juzgado Segundo de Distrito, la tarde del pasado 10 de marzo, un agente de Tránsito ordenó la detención del vehículo Jeep Liberty, cinco puertas, modelo 2005, propiedad del litigante y su remisión al corralón particular concesionado “Grúas Montejo”. 

En consecuencia, el profesor de la máxima casa de estudios y ex consejero de la judicatura formuló la demanda de amparo en la que, entre otras cosas, impugnó la Ley de Ingreso del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2014 porque no contempla el reemplacamiento, el cobro por falta de reemplacamiento vehicular, los gastos de arrastre y depósito del vehículo por parte de las autoridades municipales de Cuernavaca; y el presunto abuso de autoridad de que fue víctima por parte del agente de tránsito, que negó entregarle la boleta de infracción e inventario de su auto.

Sin embargo, el juez de distrito rechazó conceder al quejoso la suspensión provisional contra los actos reclamados por dos razones: primero por tratarse de hechos consumados, y segundo, porque no demostró en la admisión de la demanda cubrir los requisitos para la circulación del vehículo.

“Se niega la suspensión provisional de los actos que se traducen en la detención del vehículo antes referido, en virtud que en la especie, el impetrante de garantías no acredita su interés suspensional, toda vez que no exhibe algún documento con el que acredite fehacientemente contar con los permisos o placas vigentes en el estado de Morelos, tal y como lo prevé el artículo 3° del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Cuernavaca, Morelos” y “ante la falta de permiso o placas para circular en las vías públicas del municipio, es revelador de que la sociedad está interesada en el cumplimiento de las disposiciones que prevé el Reglamento de Tránsito para el municipio de Cuernavaca, Morelos; por lo que resulta procedente negar la suspensión provisional de los actos reclamados antes señalados”.

Cabe destacar que autoridades estatales pidieron el apoyo a los municipios para detener las unidades no reemplacadas, pero luego recularon y pidieron sólo amonestar a los automovilistas, con la finalidad de canalizarlos a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para cubrir los trámites del cambio de láminas.

Sin embargo, algunos ciudadanos cuyas unidades fueron detenidas promovieron juicios de amparo por considerar que hubo violaciones a sus garantías fundamentales.