Derivado de la sentencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos conocida como “Campo Algodonero”, se ordenó a las instancias de procuración de justicia del país que en un plazo razonable la estandarizara con la normatividad constitucional e internacional todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de niñas y mujeres.
De acuerdo con la fiscalía estatal, la modificación del Banco de Registros de ADN radica fundamentalmente en la incorporación de las disposiciones que sustenten la aplicación de la genética forense para la identificación de personas no localizadas, cuando se trate de víctimas mujeres y niñas, y de esta manera contribuir a la unificación de un marco jurídico vigente y actual, así como a la armonización legislativa en materia de violencia contra las mujeres
 “Así también –dice el acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”- se busca destacar e incorporar la perspectiva de género para investigar y combatir en forma coordinada los hechos relacionados con la desaparición de mujeres, pues si bien es cierto el acuerdo 43/2012 crea el Banco de Registros de ADN, sobre la base de huellas genéticas derivadas de una investigación penal o de la investigación de personas extraviadas o no localizadas, lo es también que omite especificar que esta investigación de personas extraviadas o no localizadas se refiera además, a mujeres y niñas, así como a la forma en que deben ser atendidas por los peritos forenses, limitando de este modo la efectividad de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad”.
 Aunado a ello, continúa el documento, es importante hacer hincapié en que la investigación de hechos relacionados con la desaparición de personas, (mujeres y niñas) no debe ser entendida como una actividad exclusiva de una institución o atendida de manera aislada, sino como situaciones que requieren ser desarrolladas y soportadas por medio de la coordinación y colaboración entre las instituciones de procuración de justicia en los ámbitos federal y estatal.