Mediante un punto de acuerdo, la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social consideró la semana pasada urgente que el Poder Ejecutivo y el titular de la Procuraduría General de Justicia, consideren las demandas de los también conocidos como proceptores, que desde hace años perciben un bajo salario y se enfrentan a riesgos de trabajo por el continuo contacto con cadáveres.
"Ahora viven y padecen una incertidumbre legal por la falta de armonización de los acuerdos, reglamentos y demás instrumentos normativos que hacen alusión a la figura proceptor, cuando ahora son denominados auxiliar forense", explica el punto de acuerdo, al que dio lectura el diputado Héctor Salazar Porcayo.
En el exhorto, se pide al Ejecutivo que se etiquete un recurso no menor a los dos millones de pesos que se destinaron el año pasado, a favor de los auxiliares forenses y se incrementen sus salarios, ya que son muy bajos.
El exhorto se hizo extensivo hacia el procurador Rodrigo Dorantes Salgado, a efecto de que se modifiquen los acuerdos, reglamentos y demás disposiciones generales para establecer los derechos de un auxiliar forense.
El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, y se enviará al Poder Ejecutivo y a la PGJ para que se atiendan lo antes posible.

Exhortan diputados a retomar programa de monitoreo a distancia a procesados

Durante la sesión ordinaria, también se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobierno, a fin de que informe sobre el avance en la implementación del "Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia" para imputados de algún delito en Morelos.
Dicho programa contempla, según la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, la fijación de localizadores electrónicos a distancia para quien resulte imputado de algún delito, como medida cautelar o preventiva para garantizar la libertad personal.
"El brazalete electrónico o localizador electrónico además de ser una medida de uso obligatorio en Morelos por mandato de ley, ha demostrado en otras latitudes, su eficacia para mantener bajo control a personas sujetas a proceso, que por el tipo de delito no requieren forzosamente de su internación en un centro de readaptación social", señala el punto de acuerdo impulsado por el panista Javier Bolaños Aguilar.
Por lo anterior, se exhortó a la Secretaría de Gobierno informe cuál es el proceso de este programa y si se ha dado seguimiento, a fin de garantizar este derecho a los imputados de algún delito y a su vez garantizar tranquilidad a la ciudadanía.