El conflicto inició desde la designación de Claudia Almazán Bertotto, con la que no estuvieron de acuerdo las alumnas por considerar que no fue respetada la consulta interna que no favorecía a la actual directora; el jueves se agudizó el conflicto que terminó en el cierre de instalaciones impidiendo labores por más de cuatro horas.
La directora Claudia Almazán se presentó minutos antes de las 10 de la mañana acompañada por el abogado y el director jurídico de la administración central universitaria.
En el acceso principal a la Facultad de Comunicación Humana frente a la directora las alumnas leyeron su pliego petitorio de 10 puntos, entre los que se incluyen solicitar auditoría financiera a la gestión de la ex directora Blanca Estela García Santamaría, permitir el acceso a todo el equipo de trabajo de Alejandrina Cázarez Figueroa para que formen parte del equipo de la dirección o la revisión del plan de estudios en el que solicitan incluir clases de inglés
También solicitaron respeto a los derechos de los estudiantes y más elementos de seguridad privada para el resguardo de la institución.
Otro punto del pliego de peticiones consiste en que se establezca un convenio con la Secretaría de Educación Pública y el Sector Salud de Morelos para que los egresados de la institución puedan obtener un trabajo en dichas dependencias.
Con plazo de 8 días las alumnas encabezadas por la consejera universitaria América Trujillo Vera y la presidenta del comité de la Sociedad de Alumnos, Beatriz Sánchez Ortiz, solicitaron a la nueva directora que les presente en detalle su plan de trabajo en beneficio de los estudiantes.
Exigen que la nueva directora se mantenga al margen de los procesos internos de representación estudiantil.
Los alumnos solicitaron que se firmara el documento como una forma de establecer el compromiso pero se inició un ríspido diálogo en el que intervino el director jurídico de la UAEM, al puntualizar que en el pliego de peticiones se planteaban situaciones fuera del alcance de la competencia de la directora. Se les pidió que abrieran la escuela pero no accedían en tanto no se firmara el documento. Incluso el director jurídico veladamente advirtió que podrían ser sujetos de sanción con base a la legislación universitaria por cerrar la escuela; ese comentario se entendió como franca amenaza y le respondieron que también habían sido violados sus derechos como estudiantes.
La situación en cuestión propició que uno de los trabajadores saltara la puerta y la abriera para la revisión del lugar. Hasta el medio día la escuela intentaba regresar a su trabajo habitual pero era notoria la ausencia de alumnos y maestros en el plantel.