Una comitiva encabezada por litigantes de la Asociación de Abogados Penalistas, la Barra de Abogados del Estado de Morelos y del Colegio de Abogados, se reunieron con el presidente del Congreso Jorge Arizmendi, Omar Guerra Melgar y Javier Mújica.

El ex presidente de la Asociación de Abogados Penalistas y doctor en Ciencias Políticas, Cipriano Sotelo Salgado, pidió a los legisladores posponer la designación de magistrados y escoger entre los aspirantes a los que reúnan el perfil para convertirse en impartidores de justicia de segunda instancia.

Lo anterior, derivado de que ya se barajan nombres de los que pudieran ocupar las magistraturas y que su designación no sería por tener méritos sino por pactos políticos e intereses de grupos.

“Hoy apelamos a la moral de ustedes señores legisladores para que se elijan a los mejores ciudadanos que van a llegar a ser magistrados, no podemos permitir ya que se lleguen a arreglos en los oscurito, donde se privilegien los acuerdos políticos o de grupo, el Poder Judicial no está para eso”.

“Queremos que con base en los expedientes analizados elijan a los mejores magistrados, no podemos estar siempre buscando tener a nuestra gente en las mejores posiciones si no tienen el perfil, si coincide qué bueno que el compadre, que el amigo, que el compañero de partido tenga ese perfil. Pero si no coincide, señores legisladores, de manera respetuosa les pedimos moral y honestidad, porque se lo van agradecer sus hijos, nuestros hijos”, dijo el ex líder de los penalistas.

Esta posición fue secundada por abogados integrantes de otras organizaciones, quienes invitaron a los legisladores postergar el nombramiento de magistrados y analizar a profundidad su decisión.

En respuesta y en una posición a la defensiva, el presidente del Congreso, Jorge Arizmendi García, admitió en la designación de magistrados “intereses de grupos” y reconoció que los diputados han reclamado a los diputados.

“No es una decisión fácil, hay intereses en todos los grupos que rebasan a veces el ámbito de propio interés del Poder Judicial. Ayer los jueces, particularmente los jueces aspirantes a magistrados, decían que la ley es muy clara, que preferentemente sean con carrera judicial, pero no dice exclusivamente. Y me parece que con la visión que hoy hemos avanzado, es hacer una propuesta de una mezcla del Poder Judicial y los litigantes”, expresó.

También aceptó que hasta ahora no hay recursos ni para el funcionamiento de la Sala del Segundo Circuito con sede en Jojutla y que en el decreto de designación de magistrados se tendrían que agregar artículos transitorios, en los que se establezca la obligación del Poder Ejecutivo de designar recursos para construir el edificio judicial (que tiene hecha sólo una planta que alberga la sala de juicios orales provisional) y su respectiva operación.

Los abogados cuestionaron entonces sobre porqué el interés y la premura de los diputados por designar a magistrados, a lo que el diputado Jorge Arizmendi justificó que fue por petición del propio Poder Judicial.

Falcón escondió petición a Pleno y Consejo

De acuerdo con fuentes consultadas del Tribunal Superior de Justicia, fue el ex presidente del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, quien –después de unos días de haber sido ratificado en su cargo de magistrado- envió al Congreso la solicitud para la designación de tres nuevos juzgadores de segunda instancia.

Según el Poder Legislativo, el pasado 11 de abril el entonces titular del Poder Judicial envió el oficio PJE/HTSJ/CJE/1796/2012 para el nombramiento de tres nuevos magistrados, cuya solicitud era hasta hace unos días desconocida por los magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura.

Y es que si bien legalmente Falcón Vega tenía facultades para hacer una petición de esa naturaleza, estaba obligado a consultar o informar del asunto a magistrados y consejeros, lo cual no sucedió.

A pesar de que se ha tratado de entrevistar a Falcón Vega al respecto, no ha sido posible debido a las ocupaciones jurisdiccionales del magistrado.