El funcionario federal dejó en claro que se trata de un delito federal, pues se trata de sustracción de documentos oficiales, propiedad del gobierno federal, concretamente de la SEP.

Expuso que fue el gobierno estatal el que a través del IEBEM detectó este problema, por lo que inició el proceso jurídico al que se deberá dar seguimiento, y conforme a la información que se ha dado a la SEP, ya habría un presunto culpable, por lo que la dependencia apoya al órgano local a llevar a cabo el análisis de la situación y presentar pruebas.

Determinó que arribaron a Morelos abogados de la SEP que complementarán la labor del IEBEM para que haya consecuencias jurídicas en la presunta venta del examen, pues se ha decidido proceder con todo el rigor de la ley.

La investigación contemplaría el determinar dónde se llevó a cabo la venta, cómo, analizando con los expertos, si se trató de una copia de un examen original o es la original, para llegar hasta el origen de este problema y si hay más personas implicadas.

Subrayó que la SEP entrega los paquetes sellados al IEBEM y esta instancia es la responsable de custodiar el material y de su distribución. Subrayó que los citados paquetes incluso vienen personalizados con el nombre del alumno que habrá de hacer la evaluación.

Mencionó que la prueba ya se aplicó y este viernes fue el último día, pero destacó que hay mecanismos a nivel nacional para detectar si hubo copia y si hay algo que salga de parámetros normales, “hay desviaciones que se pueden analizar y si la SEP detecta que hay algo raro en los exámenes, se hacen a un lado y se valoran aquellos instrumentos que tengan validación real”.

La federación decidirá si se repone o no la prueba, y en todo caso, no se cancelará. “Hay análisis que se realizan y si en los resultados se nota que hubo copia o venta de los resultados, entonces se procederá de la forma adecuada”, concluyó.