Cuestionado primero sobre la integración y entrega del Poder Ejecutivo al Congreso de la terna para designar a un procurador, lamentó que no se haya propuesto entre los aspirantes a un litigante, pero en virtud de la decisión de integrar sólo a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ahora resta esperar que los legisladores hagan la designación a la brevedad posible.

Sin embargo, consideró que paralelamente al nombramiento del nuevo titular de la fiscalía estatal debe analizarse la posibilidad de dotar a la institución de recursos adicionales, debido a la serie de carencias que comienzan a notarse no sólo en el desempeño de los servidores públicos, sino en la atención a las personas que demandan procuración de justicia.

Paredes Sotelo, quien también es presidente del Colegio de Abogados de Morelos, indicó que hace falta presupuesto en virtud de que los agentes del Ministerio Público a veces no cuentan ni con hojas para realizar su trabajo.

Además, falta crear la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo y se avecina un incremento de las actividades de la fiscalía, no sólo por el número de detenidos que resulte del operativo plan “Morelos Seguro”, sino también por las denuncias que derivarán del proceso electoral.

“Los tiempos de la justicia no deben estar sujetos a los tiempos electorales, ni tampoco se puede tenerla de rehén de los partidos políticos y limitar los recursos a la institución”, dijo, al señalar que los poco más de 300 millones de pesos asignados por el Congreso a la fiscalía estatal para el ejercicio fiscal 2012 no son suficientes para su operatividad.

Por ello, consideró necesario que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso analicen la posibilidad de transferir recursos adicionales a la fiscalía, por lo menos por un monto de 100 millones de pesos para que la PGJ pueda “aguantar el año”.