La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, expresó que a pesar de que el organismo no fue requerido para incorporarse a este operativo de las fuerzas federales, los visitadores estarán pendientes de su ejecución para evitar violaciones a garantías individuales.

Expresó que ante la incapacidad de las corporaciones locales para contener la delincuencia y las múltiples protestas ciudadanas contra la inseguridad, era necesaria la intervención inmediata de las fuerzas federales, pero su presencia en Morelos no implica que ni el Ejército ni la Policía Federal tengan carta abierta para actuar por encima de los derechos humanos.

“Se hace hincapié en que vamos a estar muy pendientes de este operativo, vamos a coadyuvar, más no a solapar ni a convertirnos en cómplices de cosas que se den de manera arbitraria. Las autoridades tienen que apegarse a nuestros reglamentos, a nuestra normatividad del estado, y si son instancias federales deben tener respeto a la Constitución local y a las leyes federales”, afirmó.

Recalcó que la CDHMOR estará muy pendiente para que “este operativo sirva para inhibir la delincuencia no para abusar de la ciudadanía” y exhortó a la población denunciar cualquier violación a los derechos humanos.

No a la militarización de Morelos: CIDH

En tanto el coordinador de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), José Martínez Cruz, rechazó la militarización del territorio estatal y temió que el arribo de elementos castrenses y federales ponga en riesgo las garantías fundamentales de los morelenses.

Indicó que el clamor de los ciudadanos no fue traer más policías y militares al estado, sino implementar políticas públicas eficaces que ataquen y resuelvan de fondo la inseguridad.

“La inseguridad y violencia no se resuelven con militarización y estado policíaco”, dijo, al señalar que “ante la nula eficacia en el combate a la delincuencia y frente a la violencia que estas fuerzas ejercen sobre la población civil, demandamos un cambio de estrategia política que permita establecer una real seguridad ciudadana y demandamos del Congreso del Estado de Morelos que asuma su responsabilidad para que vuelva el ejército a sus cuarteles y que las medidas para enfrentar la violencia criminal no sean exclusivamente mediante la violencia institucional, sino con políticas públicas integrales en donde los derechos humanos no sean hechos a un lado”.

Agregó que esta clase de operativos en otras entidades han fracasado y hay un aumento exponencial de las violaciones a derechos de la población civil, por lo que hizo una alerta para que tanto instituciones como ciudadanos denuncien cualquier abuso de las fuerzas federales.

Operativo necesario: abogados

Por su parte agrupaciones de abogados coincidieron en que el gobierno estatal fue tardío en solicitar el apoyo de la Federación ante la incapacidad de las corporaciones policíacas para combatir a la delincuencia.

El presidente del Colegio de Abogados de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, expresó que la implementación del Operativo “Morelos Seguro” demuestra falta de capacidad del gobierno estatal y de los municipios para contener el crimen.

Dijo que el Poder Ejecutivo ya se había tardado en tomar la decisión, sin embargo consideró que la ciudadanía espera resultados, es decir “que la medida sea real y efectiva y no sólo una determinación electoral”.

Paredes Sotelo, quien también es presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, sostuvo que lamentablemente en los últimos meses se elevó en el estado el robo de negocios y vehículo, así como extorsiones telefónicas.

Indicó que la ciudadanía debe estar pendiente de que el operativo “sirva de manera eficaz y no se afecte las garantías fundamentales”, como la libertad de tránsito y no ocurran abusos.

Por su parte la presidenta de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Adela Manzanarez Alonso, también consideró necesario el operativo, “creo que fue una buena decisión, tardaron mucho tiempo en tomarla, creo que en otros estados ha dado resultado y la muestra son ciudades como Tijuana y Acapulco, donde disminuyó la violencia y la delincuencia”.

Confió en que la llegada de fuerzas federales ayude a disminuir la incidencia de delitos de alto impacto que ya no son cometidos sólo por la delincuencia común sino por el crimen organizado, en virtud de que miles de ciudadanos se han visto afectados en su patrimonio e integridad física y psicológica.