Expresó que el organismo comparte la preocupación de padres de familia porque “vemos un índice grave de violencia” sobre todo en las escuelas secundarias, donde no sólo hay escasa vigilancia de las cuerpos policíacos en las inmediaciones sino que al exterior se generan riñas entre los propios estudiantes y hay venta de droga.

“Nosotros sí vemos un índice grave de violencia, sobre todo en las escuelas secundarias, muchos padres familia han hecho estas manifestaciones de necesidad de vigilancia permanente de parte de policías, pero también de mecanismos que aseguren que no haya riñas fuera de las escuelas entre los propios estudiantes, que se dan por ejemplo, de una forma muy grave en las escuelas en la tarde en la zona de Chamilpa, en la zona de Huitzilac. En varias secundarias se reportaron este tipo de riñas constantes, en donde muchos jóvenes quedaron gravemente lesionados”, dijo al señalar que incluso personas ajenas a los planteles incitan las peleas, el consumo y la introducción de drogas a las escuelas.

Explicó que la CDHEM hizo exhorto al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) para que turne al gobierno del estado las peticiones de mayor seguridad en las escuelas donde hay “focos rojos”, como los casos de las escuelas de las colonias Alta Vista y Carolina, donde los padres de familia han manifestado sus temores y la deserción de estudiantes, sobre todo después de la localización de cuatro cuerpos de estudiantes en la colonia La Pradera el pasado 7 de marzo.

“Es una llamada de alerta hacia las autoridades para que se puedan tomar la medidas y se puedan hacer rondines de vigilancia permanentes en esas colonias y se pueda tener más seguridad, más alumbrado público, y que los padres de familia se organicen para poder acudir a sus hijos a la escuela y no permitir que vayan a sufrir algún tipo de problema o sean víctimas de la delincuencia”, afirmó.

Por otra parte, la presidenta el organismo detalló que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ya rindió ante la CDHEM el informe sobre el registro de “ejecuciones” ocurridas en los últimos meses y se hará un análisis minucioso de los datos, ya que mientras la fiscalía reportó 33 ejecuciones (con igual número de carpetas de investigación) la Comisión documentó 46 decesos de esta naturaleza a través de los reportes de los medios de comunicación.