Andrea Acevedo García, representante de la “Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos Ddeser” en Morelos, señaló que a las autoridades de salud en la entidad no les interesó conocer dicho análisis, ni sus resultados, no obstante que en varias ocasiones se ha buscado el diálogo y se les convocó a la referida presentación de datos.

Expuso que lamentablemente Morelos, de acuerdo con dicho trabajo, quedó en el peor lugar en cuanto al trato a quienes acuden a unidades médicas públicas, para solicitar información o alguno de los métodos anticonceptivos, pues se observaron casos de discriminación u omisión.

Dicho estudio fue realizado durante cuatro años por la organización “Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A. C.” en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Zacatecas y el Distrito Federal durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

En el documento, dado a conocer en Morelos por la “Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos Ddeser”, se expone que los métodos anticonceptivos sobre los cuales giró la investigación de la organización son los incluidos en la Norma Oficial de Planificación Familiar como: las pastillas anticonceptivas, inyecciones, implantes, DIU, condón masculino y femenino, métodos de barrera y espermicidas, métodos naturales o de abstinencia periódica, la Oclusión tubaria bilateral (OTB), vasectomía y la pastilla de anticoncepción de emergencia”.

Se abunda que “el estudio, titulado Experiencia de fiscalización de acceso, abasto y uso de metodología anticonceptiva en México. Un método de rendición de cuentas desde la sociedad civil, 2007-2010, ha sido presentado en varios Estados de la República con resultados positivos en varios de estos”, a diferencia de la reacción que se ha tenido con las autoridades morelenses, que no dieron respuesta positiva, ni estableció compromisos, para corregir, lo que se ha marcado como omisiones o fallas.

“Cabe señalar que la NOM-005 de planificación familiar, obligatoria para todos los Estados, establece entre otras cosas: El derecho de toda persona a decidir independientemente del género, preferencia sexual, edad, estado social o legal el número y espaciamiento de los hijos; El derecho a obtener información específica y servicios idóneos”. Sin embargo en dicho estudio cualitativo, no se estaría cumpliendo con la referida norma.

La multicitada investigación se llevó a cabo en cinco municipios: Cuernavaca (Ocotepec y Ahuatepec), Emiliano Zapata (Centro y Tezoyuca), Jiutepec (Otilio Montaño y Tejalpa), Yautepec (La Joya y Tetillas) y Temixco (Acatlipa y Centro).

“Se utilizaron tres instrumentos de medición: Encuestas de salida de la que se aplicaron 102 encuestas a mujeres en edad reproductiva, la edad promedio 29.9 años. El número de hijos iba de 0 a 8 hijos por mujer y la media fue de 2.4 hijos”.

Otra de las modalidades fue la de “Usuarias simuladas” y se aplicaron 40 visitas como usuarias simuladas. El 47.5% (19) de las usuarias simuladas solicitó un método de largo plazo y el 52% (21) solicitó un método de corto plazo.

Y el tercero fue con proveedores de salud, y en este caso, se indica, “se realizaron 30 entrevistas a prestadores de salud entre agosto y septiembre del 2010, el 80% fueron mujeres y el 20% hombres”.

Además se analizó el presupuesto asignado a métodos de planificación familiar en todos los estados y en Morelos, en el 2008 no se reportaron los datos; en el 2009 se establece que se destinaron 9 millones 267 mil 895 pesos, pero en el 2010 tampoco se cumplió con las obligaciones de transparencia al no dar con precisión esa información.

Esto implica, aseveró Andrea Acevedo, que no hay transparencia en cuanto a recursos invertidos en el rubro, aunque existe una norma federal que establece que se debe asignar una partida específica, la cual debería ser información pública, conforme a las leyes de acceso a la información.

En cuanto a acceso, el multicitado documento refiere que “solamente el 25% de las unidades de salud cuentan con áreas exclusivas para planificación familiar; el 30% de las usuarias simuladas encontraron materiales impresos sobre planificación familiar y/o métodos en las unidades de salud. (En Temixco no se encontró nada); el 77.5% de las usuarias simuladas recibieron la atención el mismo día que acudieron a la unidad de salud y un 17.5% en una segunda o tercera ocasión; en muchos de los centros de salud visitados se cobra la consulta contraviniendo lo establecido en la NOM 005 de planificación familiar; 27.5% de las usuarias simuladas no se les proporcionó un método anticonceptivo. Por municipio la negación aumentó en Temixco al 50%, seguido por Cuernavaca con un 37.5%.

Específicamente para el Implante subdérmico se les pide a las mujeres que firmen un formato de compromiso, en el que se estipula que no podrán quitárselo hasta después de tres años.

Andrea Acevedo expuso que es indignante que las usuarias simuladas hayan tenido que escuchar frases de los servidores de salud como: “la PAE es para niñas loquitas”, “a los jóvenes les gusta estar tomando PAE cada ocho días y por eso son tan irresponsables”, “las mujeres suben de 5 a 10 kilos con hormonales”, “el DIU lastima porque inflama el útero y causa infecciones”, “la PAE es abortiva y causa infertilidad”, entre muchas más.

“Por tal motivo el día de hoy seguimos en la espera de que la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud del Estado, hagan suya esta investigación y mejoren los servicios de salud que se ofrecen a las jóvenes y mujeres morelenses”.

Entre las recomendaciones que dieron a conocer destacaron la necesidad de asegurar que cada unidad de salud cuente con un área específica de planificación familiar, así como de materiales impresos para distribuir a las usuarias. No presionar a imponer a las mujeres un método anticonceptivo; Garantizar que todas las usuarias o solicitantes de métodos anticonceptivos sean atendidas y no imponer barreras administrativas como: abrir un expediente, asistir cuando están menstruando, además de incrementar el número de citas para dicha área; Asegurar la privacidad y confidencialidad durante las consultas, así como disminuir los tiempos de espera para la atención; Impulsar la difusión masiva de métodos anticonceptivos y Garantizar la gratuidad de los servicios de planificación familiar establecida en la Norma Oficial de Planificación Familiar 005; Incrementar el acceso y el abasto de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia, ya que es el Estado con menor abasto de este método en la presente fiscalización”.