El representante legal de la familia, Miguel Ángel Rosette, indicó que en calidad de coadyuvante pidió a la PGR solicitar a un juez el arraigo de Omar Sandoval León y Juan Falcón Bautista, ambos Ministerios Públicos de Chilpancingo, así como de René Cruz Evangelista y Carmina Nájera Arámbula, para investigar el paradero de Alan, quien fue secuestrado en Cuernavaca la tarde del 24 de diciembre y dejado en libertad dos días después en Chilpancingo, donde el joven fue auxiliado por policías municipales y conducido al Ministerio Público para presentar la denuncia, pero después misteriosamente desapareció.

También solicitó a la dependencia federal el aseguramiento del Centro de Información donde se concentra el contenido de las videograbaciones de los movimientos en las instalaciones de la PGJ de Guerrero.

Además, dijo, “tenemos indicios de una casa de seguridad en Chilpancingo (donde pudo estar secuestrado Alan junto con otra mujer) y que obviamente las facultades como ciudadano y como abogado me limitan puesto que no puedo implementar un operativo ni entrar a la casa de seguridad”, ubicada en la colonia 20 de Noviembre de la capital guerrerense, donde se han visto movimientos extraños.

Explicó que existen sospechosas coincidencias en el caso de Alan, pues de acuerdo con las investigaciones que la parte coadyuvante ha realizado la casa de seguridad detectada se encuentra cerca del domicilio de uno de los Ministerios Públicos implicados, la mujer que fue encontrada maniatada junto con Alan en las calles de Chilpancingo también vivía cerca de la zona, además de que una de las personas fallecidas durante el enfrentamiento suscitado el 24 de diciembre en Cuernavaca entre delincuentes y policías resultó que era comandante de la Policía Ministerial de Chilpancingo.

Afirmó que con estos indicios “no cabe duda que está vinculado el crimen organizado con la Procuraduría de Guerrero”, cuya institución a todas luces “está tratando de evadir y confundir las investigaciones”; incluso recalcó que la PGJ de Guerrero hasta el momento no ha suspendido ni iniciado ninguna investigación interna en contra de los Ministerios Públicos implicados.

Asimismo, pidió a la PGR actuar con energía, con sentido de investigación, ya que los dos Ministerios Públicos de Guerrero sólo han rendido su declaración de hechos pero no han sido interrogados ni investigados por la Procuraduría federal; de igual forma, urgió a las autoridades de Morelos concretar un encuentro con sus homólogas de Guerrero “porque no podemos seguir avanzando si las puertas están cerradas”.