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A lo largo de esta semana, Ochoa Martínez imparte un curso denominado “Juicio orales avanzados” a los aspirantes a jueces en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
De acuerdo con los datos recabados, la jueza fue contratada por la empresa denominada Centro de Asesoría y Formación en el Sistema Adversarial (CAFSA), fundada por gente vinculada a Proderecho, para impartir cursos de capacitación tanto a los aspirantes a jueces como a los actuales operadores del sistema oral de justicia penal de la procuraduría estatal, la defensoría pública y el mismo TSJ.
La empresa CAFSA fue contratada a través de la Secretaría Ejecutiva de Enlace para los Asuntos de Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, y los cursos tienen un costo de un millón 300 mil pesos.
La contratación de CAFSA se hizo mediante una licitación por invitación a tres empresas, sin embargo, en las otras dos empresas participantes (una del DF y otra de Morelos) fueron desestimadas a pesar de que ofrecieron costos inferiores.
No obstante, ha generado polémica la participación de la jueza en los cursos de capacitación, debido al escándalo desatado por el caso Rubí y el asesinato de Marisela Escobedo.
La jueza y sus compañeros jueces Nezahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudid han asegurado en distintos momentos que actuaron conforme a derecho y que durante el proceso penal nunca hubo una confesión de Sergio Barraza, presunto asesino de Rubí Marisol Frayre, sobre que él cometió dicho acto, ni siquiera una declaración, ya que ejerció su derecho a mantenerse callado, no declarar. Además de que no se aportaron otros elementos de prueba para comprobar su responsabilidad en el homicidio. No obstante, los tres juzgadores siguen en el ojo del huracán, ya que han polarizado opiniones en el ámbito local y nacional.
