Con lo que simbolizó un acto de magia, los integrantes de dicha organización social manifestaron su deseo de que las autoridades del sector salud en la práctica atiendan a las mujeres que acuden a los hospitales y demandan servicio, pues señalaron que tienen un registro general de al menos 50 mujeres que se encontraban en las situaciones previstas por el Código y no recibieron la atención y por tanto tuvieron que ir al Distrito Federal donde sí es legal el aborto.

Andrea Acevedo, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos Ddeser, dijo que se presentaron en ese lugar porque son los médicos y el sistema de salud los que deben llevar a la práctica lo que se estipula en el Código Penal de Morelos, que es legal el aborto en casos de violación, de malformación congénita, cuando está en peligro la vida de la mujer o por inseminación sin consentimiento.

Además expuso que han reclamado al Congreso del Estado que se analice y apruebe la iniciativa, que permanece congelada, de reformar la Constitución para revertir la modificación que aprobó la anterior legislatura, que señala que se protege la vida desde la concepción. Recordó que Morelos era de las entidades más avanzadas en la legislación en la materia pero hubo un retroceso pues también eliminaron del Código de Procedimientos Penales las formas para llevar a cabo este tipo de intervenciones médicas en los casos ya referidos.

Acevedo recordó que a 30 años de la entrada en vigor en México de la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), tomando en cuenta que el derecho internacional es aplicable en México y tiene prioridad sobre las leyes de los estados, la CEDAW ha solicitado al Estado mexicano revisar la legislación que penaliza el aborto, así como a los estados de la república que cuando proceda se garantice el acceso rápido y fácil al aborto, además de emprender acciones encaminadas a disminuir la mortalidad provocada por el aborto ilegal e inseguro.

Desafortunadamente 17 estados de la república, entre ellos Morelos, han reformado sus constituciones locales para “proteger la vida desde el momento de la concepción” para tratar de impedir el acceso al aborto.

Destacó que “en este momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute estas reformas en los estados de San Luis Potosí y Baja California para establecer si van en contra de la Constitución mexicana, lo cual es de suma importancia puesto que estas leyes han tenido consecuencias graves e irreversibles en la vida de las mujeres, como el encarcelamiento. Por ello esperamos que este organismo invalide estas reformas y respete los derechos de las mujeres”.

Enfatizó que “la interrupción del embarazo se ha practicado durante toda la historia de la humanidad, en todas las culturas. En cada rincón de nuestro país las mujeres están en riesgo de tener un embarazo no deseado, no planeado, en contra de su voluntad por violencia sexual, que pone en riesgo su salud o incluso su vida”.

Por tanto, exigieron que se respeten las causales que establece el Código Penal y se establezcan lineamientos claros para que las mujeres puedan acceder a la interrupción legal del embarazo.

A quienes legislan demandaron reestablecer el procedimiento de aborto en caso de que el embarazo sea producto de una violación.

Al dirigirse al estado demandaron respeto a los derechos de las mujeres y no criminalizarlas.