De acuerdo con el abogado defensor, el Juzgado Quinto Penal Militar determinó sujetar a proceso a ambos elementos castrenses por el delito de tortura, contemplado en los artículos 3 y 4 de la Ley Federal para Sancionar y Prevenir la Tortura, que establecen que “comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada” y cuya sanción es “prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta”.

También se les acusa de violencia contra las personas, contemplado en el artículo 330 del Código de Justicia Militar que señala que “el que hiciere innecesariamente uso de las armas contra cualquiera persona, o que sin autorización ejerciere cualquier otro acto injustificado de violencia contra algún individuo, será castigado con la pena de un año de prisión. Si se causare daño se estará al delito que resultare, cuando la pena que corresponda a éste sea mayor que la señalada en este artículo”.

Asimismo, se les imputa el delito de homicidio, contemplado dentro del Código Penal Federal. El abogado defensor indicó que a partir de este momento se inicia formalmente el proceso penal en contra de ambos mandos militares y la presentación de pruebas a favor de los imputados.

Confirmó que existen dos implicados más con órdenes de aprehensión, pero hasta el momento se desconoce su paradero; no obstante, explicó que aparentemente hay más personal militar involucrado en el caso pero la justicia militar mantiene bajo estricto sigilo la investigación.