“Ya estamos por finiquitar los estudios. Tenemos un próxima reunión con Sedena para determinar si continúa como PIBA pero lo más probable es que no. No es redituable la PIBA, que siga funcionando. Lo más sano es que desaparezca”, afirmó.

Expresó que en caso de extinción, los elementos que actualmente la integran, podrían jubilarse por edad avanzada; otros, incorporarse al área operativa, y unos más, ser absorbidos por agencias de seguridad privada.

Dijo que el plazo para definir la situación de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar vence el 30 de agosto, pero por lo pronto la SSP está en pláticas con la Sedena “para organizar la asignación del armamento, porque en eso estriba la instrucción de Sedena, en que no se puede prestar servicio de seguridad privada con armamento inscrito en una licencia colectiva”.

Afirmó que la SSP aún calcula la disposición presupuestal para liquidaciones, jubilaciones e incorporación de algunos elementos al área operativa de la dependencia, ante la posible extinción de la PIBA.

Ni extinción ni reestructuración

Desde el mes de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional vía oficio notificó a la SSP que era ilegal prestar el servicio de seguridad privada con armas destinadas exclusivamente para la seguridad pública.

Desde entonces, se planteó la extinción o, en el mejor de los casos, la reestructuración de esta corporación; sin embargo, hasta el momento, no ha sucedido ninguna de las dos.

De acuerdo con la solicitud realizada por La Unión de Morelos para conocer el estado jurídico o administrativo que guarda la PIBA, el pasado 15 de junio la SSP respondió que no había ninguna instrucción para extinguir o reestructurar esta policía.

“Como en líneas anteriores se ha manifestado, no existe ninguna determinación legal o administrativa para la extinción o reestructuración de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar”, dice la SSP.

Conforme a la respuesta de la SSP, la PIBA está integrada por 572 elementos, aunque el actual titular de la secretaría, Gilberto Toledano Sánchez, asegura que son cerca de mil 200 elementos.

Los principales beneficiarios de este servicio de seguridad son comercios, bancos, plazas comerciales, dependencias federales y estatales, organismos descentralizados y empresarios que requieren de custodia personal.

Según el informe oficial, en el 2006 la PIBA prestó 132 servicios a personas morales y físicas; en el 2007, 72 servicios; en el 2008, 125 servicios; en 2009, 144 servicios, y en el 2010, 119 servicios.

A pesar de que la SSP alega la poca rentabilidad económica de la PIBA, se ha negado a dar un informe de los ingresos por la prestación de este servicio, pues la dependencia negó dar los datos porque supuestamente es la Subsecretaría de Ingresos la responsable de esta información; sin embargo, ante una solicitud de información,  esta área financiera respondió que quien debe informar sobre los ingresos obtenidos por la PIBA es la SSP.