Juliana García Quintanilla, representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), lamentó que en el informe oficial más reciente sobre el seguimiento a la Alerta de Violencia de Género (AVG) se presentó un “semáforo de la violencia” en el que no aparecen los delitos de feminicidio y desaparición forzada. Además, señaló que se solicitó a las autoridades se dé a conocer puntualmente el manejo de los recursos económicos destinados a tal rubro.  

La representante de dicha organización social expuso que el 20 de agosto, después de varias solicitudes, finalmente se celebró una reunión con autoridades de seguridad y el secretario de Gobierno Pablo Ojeda, en la que se les presentó un resumen de informe de lo que se ha hecho en torno a la AVG. 

Hizo notar que hay muchos puntos que se deben atender y que no se han realizado, y como organismo peticionario continúan con la exigencia para que las autoridades gubernamentales cumplan de manera efectiva con las distintas medidas y acciones mandatadas desde el ámbito para lograr la erradicación del feminicidio. 

"Por nuestra parte señalamos diversas observaciones del trabajo que desde ahí se realiza; sobre todo que hace falta reforzar en mayor medida la debida coordinación con los respectivos municipios en materia de seguridad para las mujeres". 

Lo anterior, toda vez que en el informe oficial presentado esto no queda reflejado, según indicó García Quintanilla. 

Añadió que las medidas de seguridad deben aplicarse para la recuperación de espacios que den seguridad a las mujeres y realizar acciones de prevención, implementándolas en sitios de riesgo y de alto índice de violencia. 

De igual modo, agregó que observan que son insuficientes las cámaras de videovigilancia y además no se cuenta con personal suficiente para atender rondines, módulos de atención y vigilancia, así como medidas adecuadas para implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia 

La representante de la CIDH comentó que las autoridades hicieron alusión a patrullajes femeniles, pero en sólo tres de los ocho municipios donde se declaró la AVG.  

Además, consideran necesaria la capacitación del personal que deberá atender casos de violencia.  

Otro de los aspectos cuestionados es que el manejo de cifras no es certero, ya que se apoyan en las cifras nacionales, que a su vez se alimentan de bancos de datos estatales, el cual en Morelos está totalmente “inoperante”.  

Por otro lado, Juliana García dijo que es importante que se rinda información detallada sobre el manejo de recursos económicos que la federación destino a Morelos, al igual que a otras entidades para tal rubro.