Municipios tienen la obligación legal y ética de continuar la suspensión de actividades no esenciales.

Los últimos meses han significado un reto enorme para nuestro país y el estado de Morelos. Enfrentamos una de las situaciones más difíciles de la historia reciente y a todos se nos exige el máximo esfuerzo para proteger la salud y la vida en nuestra comunidad.

El pasado 12 de junio, el Gobierno de Morelos hizo un llamado explícito a los 36 municipios a acatar el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos”, publicado en el número 5,835 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

En este acuerdo se estableció que, a partir del 15 de junio de 2020, se observaría estrictamente el semáforo estatal marcado por el Gobierno Federal; también se establecieron el nivel de alerta, semaforización, y actividades que podrán realizarse conforme al nivel de riesgo en que se encuentre la entidad en cada etapa.

Es importante puntualizar que este semáforo, no es arbitrario, se basa en un modelo científico que categoriza por colores el nivel de riesgo: rojo para alerta máxima, naranja para alerta alta, amarillo para alerta baja y verde para alerta cotidiana, que se determina con base en indicadores, principalmente por:

1-            Ocupación hospitalaria de la Red IRAG, (Infección Respiratoria Aguda Grave).

2-            Tendencia de ocupación hospitalaria.

3-            Tendencia de síndrome COVID-19 (últimos 14 días).

4-            Índice de positividad COVID (porcentaje).

Al día de hoy, Morelos está en un grado de alerta máxima; es decir, la salud y la vida de las y los morelenses se encuentra en el máximo nivel de riesgo por el virus SARS-CoV-2. En este escenario, todas las autoridades del Estado tenemos la obligación legal, ética y social de continuar con la suspensión de actividades no esenciales, para salvaguardar la salud de la población

Los acuerdos emitidos por los gobiernos Federal y Estatal son de observancia obligatoria tanto para los integrantes del Sistema Estatal de Salud, como para las autoridades civiles y los particulares, así como las secretarías, dependencias y entidades estatales y municipales en Morelos, quienes estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la pandemia.

El incumplimiento de dicha obligación en el orden municipal implicará la responsabilidad directa de los presidentes municipales sobre las consecuencias que el desacato pudiera generar.

El Gobierno del Estado de Morelos reconoce que existen exigencias de reapertura, motivadas principalmente, por los efectos económicos de la pandemia, a lo que es sensible. Sin embargo, reiniciar actividades no esenciales en este momento, implicaría un costo altísimo en términos de salud, como por ejemplo, la posible saturación hospitalaria, y una prolongación aún mayor de los efectos económicos adversos.

La propuesta para reiniciar actividades económicas no esenciales debe ser cauta, responsable y gradual tal como lo ha establecido el Gobierno Federal.

Para mitigar esta dimensión de la crisis, el Gobierno de Morelos ha implementado un plan integral de apoyo a todo tipo de empresas, a trabajadores y a personas en vulnerabilidad, el programa incluye la emisión de créditos, financiamiento y apoyos económicos directos. Es obligación del Estado apoyar a la ciudadanía para que pueda tomar las acciones más responsables en la emergencia que enfrentamos.

Las autoridades estatales y municipales deben asumir la responsabilidad para la que fueron electos. El Gobierno del Estado de Morelos hará lo necesario para proteger a su población.

Confiamos en que las 36 presidencias municipales harán lo propio, en la medida de sus atribuciones. Sólo la solidaridad de todos nos permitirá acelerar el final de esta situación, que nos exige un esfuerzo colectivo para salvar vidas, es momento de ofrecerlo responsablemente.