Sindicalizados de la UAEM se suman a reclamo nacional.

Los sindicatos de trabajadores administrativos (STAUEM) e Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se sumaron al reclamo de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) ante lo que consideran acoso de parte de los Congresos estatales de Puebla y Nayarit por violentar con actos legislativos la autonomía de las universidades públicas.

A través de un comunicado a la opinión pública firmado por los sindicatos afiliados a la CONTU, entre ellos el STAUAEM y el SITAUAEM,  repudian “los métodos de acoso utilizados por diversas autoridades estatales en contra de las instituciones de educación superior, actos que son contrarios a derecho y que se traducen en la ocurrente determinación de auditorías irregulares o modificaciones inicuas a las leyes orgánicas universitarias”.

En el documento se afirma que los actos de los Congresos de los estados son con un “evidente ánimo de intervenir en las decisiones que única y exclusivamente corresponden a la comunidad universitaria y que de paso violan la autonomía de las universidades públicas”.

La CONTU manifiesta su apoyo a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), luego de que el Congreso del estado de Puebla pretende realizar una auditoría sin observar las disposiciones legales que le son aplicables a la institución por ser de observancia obligatoria.

En su comunicado, la CONTU afirma que  la auditoría a la BUAP está fuera  de término y de manera irregular y que el proceder de la Unidad Fiscalizadora dependiente del Poder Legislativo de Puebla no reúne los requisitos establecidos por la ley aplicable, por lo que se violan los derechos fundamentales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además la CONTU reclama las reformas implementadas por diversos Congresos estatales -que considera perversas y que violentan la autonomía universitaria y que además son anticonstitucionales- a las leyes orgánicas de las universidades públicas, como el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit a la que el 4 de enero se le reformó su ley orgánica sin que participaran los universitarios.