Se pronuncia el rector Gustavo Urquiza Beltrán por el rescate de las universidades públicas del país.

Es necesario un fondo económico para garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior de forma plurianual, para evitar que cada año las universidades públicas soliciten apoyo en sus finanzas para infraestructura y el incremento de la matrícula de la educación superior, dijo Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el Foro de Consulta del Anteproyecto de la Ley General de Educación Superior.

En la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), Urquiza Beltrán coincidió con la propuesta de asignar recursos para compensar los cobros de cuotas de inscripción de las instituciones de educación superior a los estudiantes y con ello solucionar el incremento de la cobertura, que en la UAEM genera un déficit de 50 millones de pesos anuales debido a que en la universidad no se cobran cuotas de inscripción.

Planteó la necesidad de equilibrar el costo por estudiante de las universidades públicas del país en la Ley General de Educación Superior, al referir que se necesitan 13 mil millones pesos para compensar que en las universidades se deje de cobrar inscripciones y reinscripción, para evitar problemas financieros.

Ante autoridades educativas de universidades públicas y privadas, académicos y especialistas en educación, Gustavo Urquiza dijo estar de acuerdo en que los recursos federales del presupuesto a la educación superior sean entregados de manera directa y sin intermediarios, como  actualmente se hace a través de las tesorerías de los gobiernos estatales.

Respecto de la rendición de cuentas, reiteró que las universidades públicas entregan puntualmente información respecto al uso de los recursos públicos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Morelos y el Órgano Interno de Control en el caso de la UAEM.

Los foros de consulta del anteproyecto de la Ley General de Educación Superior se realizarán en cada uno de los estados del país y se estima que las conclusiones estén listas a final de este año para que el próximo mes de febrero de 2020, se apruebe como una nueva ley constitucional.