La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ocupa el primer lugar entre las instituciones que más impacto logró en la disminución de su déficit estructural, con un 47 por ciento, mientras que le siguen la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) con 19 por ciento y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con 16 por ciento.

Lo anterior se establece en los resultados del diagnóstico integral de nueve universidades públicas estatales en situación financiera crítica, un reporte del grupo técnico integrado por la Secretaria de Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C.,(AMOCVIES).

De acuerdo con la información financiera  de la UAEM revelada en las balanzas de comprobación, para el ejercicio 2018 se observa una disminución en gastos por concepto de servicios personales y gastos de operación de un 17 por ciento, lo que significa que se obtuvo un ahorro neto para el ejercicio 2018 equivalente a 393.2 millones de pesos, además de un aumento en los ingresos propios por la cantidad de 181.9 millones de pesos.

El ahorro a junio de este año es de 70 millones de pesos.

La UAEM informa que necesita recibir cerca de 390 millones de pesos regularizables (esto es, que la suma se reciba año con año) para cerrar el año en óptimas condiciones y cumplir solamente con los compromisos laborales. Además necesitan 380 millones más para cubrir los adeudos que se tienen de ejercicios anteriores.

Señala la institución que el subsidio federal que la UAEM recibe por cada estudiante es de 40 mil pesos por alumno, cifra inferior a la media nacional, que asciende a 60 mil, según datos oficiales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

En su comunicado SGE/212/2019, la ANUIES manifestó su preocupación por la omisión, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, del fondo especial a que se refieren la fracción X del Artículo Tercero Constitucional y el artículo transitorio décimo quinto del decreto de la reforma constitucional en materia educativa, para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad.

Señala el documento que la ausencia de dicho fondo demoraría el logro de la meta de lograr el 50 por ciento de cobertura educativa en el año 2024, que implica un incremento en la matrícula de poco más de un millón de estudiantes.

“Con el mismo propósito, posteriormente se llevó a cabo una reunión con el Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior y el Lic. Héctor Martín Garza González, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, donde se anunció que ya estaban autorizados 1,300 millones de pesos para cubrir la política salarial de 2019 y que continuaban las gestiones para asignar recursos extraordinarios para la atención a problemas estructurales”, se lee en el comunicado.