Luego de conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión solicitada por el Poder Judicial del estado de Morelos en la controversia con el Congreso por el paquete presupuestal, algunos líderes del sector empresarial y de prestación de servicios se dijeron esperanzados en que lo anterior contribuya a resolver el asunto del paquete presupuestal del 2019.

Al emitir su resolución en torno al “incidente de suspensión, derivado de la controversia constitucional 6/2019 actor: Poder Judicial del Estado de Morelos”, se establece que “se concede la suspensión solicitada por éste, en los términos solicitados y para los efectos que se indican en éste proveído”.

Jorge Mátar Vargas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), destacó que esta determinación, así como el trabajo de cabildeo que se sigue dando entre los tres poderes públicos, pareciera advertir que el difícil asunto del presupuesto para este año será superado.

Miguel Ángel Rosas Esquivel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción delegación Morelos, también lamentó el conflicto que lo anterior ha provocado entre poderes y señaló que ojalá la intervención de la Corte contribuya para dirimir las diferencias.

Igual que Mátar, destacó que lo preocupante no es que se apruebe o no un paquete económico al gusto de algunas de las partes, sino que las estructuras del poder público en la entidad caminen en la misma dirección porque ello garantiza inversión, trabajo y desarrollo para los morelenses.

Particularmente el ramo de la construcción es uno de los que generan los indicadores, mediante los cuales se puede medir el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en un estado, municipio o país. Cuando la actividad en este terreno crece, significa que la economía también y en buena medida los gobiernos son los que ofrecen las condiciones adecuadas para que la bonanza se dé.

Por eso resulta bastante preocupante que a más de un mes del año en curso, no se tenga una Ley de Ingresos y Egresos legalmente aprobada por el Poder Legislativo, a fin de conocer perfectamente cuales son los alcances que se tienen para la inversión pública y apertura de obras de beneficio social, concluyó.