Denuncian ante el Congreso que es ilegal que tengan que pagar por servicios como el de las revisiones de protección civil.

Las cámaras y agrupaciones comerciales, empresariales y de prestación de servicios interpusieron un recurso legal ante el Congreso local contra los cobros indebidos que la mayoría de los municipios aplican por actividades que deben ser gratuitas, sobre todo aquellas relacionadas con protección civil.

En un documento entregado a la actual legislatura, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez; el dirigente de la Canacope-Servytur, José Salgado Patiño, entre otros firmantes, hacen hincapié en que “conforme al artículo 8 constitucional, el 4 de la Ley de Cámaras Empresariales, y con base en la Ley Federal de Coordinación Fiscal, hay rubros en los que los ayuntamientos están obligados a desarrollar tareas de forma gratuita”.

El contenido del escrito, dirigido a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo, Rosalina Mazari Espín; a José Casas González, secretario de la misma, así como al presidente de la mesa directiva, Alfonso de Jesús Sotelo, señala que “Estado y municipios forman parte de una federación nacional y están obligados a cumplir las normas vigentes antes mencionadas”.

Dejan claro que existen obligaciones y servicios que prestan los municipios que sí están gravados y tienen un costo, como en el caso de permisos o licencias de funcionamiento, sin embargo, por desconocimiento de la ley o por mala fe, también se aplican costos a inspecciones o revisiones que son una obligación institucional, precisamente para verificar que los establecimientos estén en orden y funcionando legal y correctamente, pero no implican pago alguno.

Cuestionados al respecto, tanto Adame Jiménez como Salgado Patiño señalaron que las alcaldías han hecho ya de estos cobros una norma, afectando con ello a la planta productiva y poniendo en riesgo la viabilidad de los negocios, que en sí enfrentan circunstancias poco adecuadas para su desarrollo y permanencia.

La intención con esta petición al Congreso, destacaron, es que por lo menos, a partir del próximo año, desde la Cámara se instruya a los presidentes municipales a fin de que terminen con esos abusos que son una violación al Código Fiscal de la Federación, pero que han sido tolerados por parte del gremio, a veces por desconocimiento de normas.

El compromiso de los diputados fue resolver conforme a derecho y eso estaría garantizando que en el futuro inmediato se terminará por fin con esas irregularidades, que son ejemplo del poco compromiso de la autoridad con quienes contribuyen a la creación de empleos y oportunidades, consideraron.