Con esto, el estado de Morelos se suma al grupo de 12 entidades que actualizaron su legislación penal conforme a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de noviembre de 2005, que reconoce la violación entre cónyuges como un delito que debe ser castigado con cárcel.

“Hasta entonces, una relación sexual forzada en el seno del matrimonio se consideraba como el ejercicio de un derecho. El reconocimiento de la violación entre cónyuges como un delito muestra ahora una concepción moderna del matrimonio, el cual es visto como una relación de igualdad en donde las mujeres no pierden su libertad sexual por el hecho de casarse”, argumenta el decreto que adiciona el artículo 153 y que fue impulsado en el Congreso por la legisladora Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Hasta el pasado 5 de octubre, dicho artículo sólo establecía que: “Cuando la violación se cometa con la intervención de dos o más personas, o el sujeto activo tenga con el ofendido una relación de autoridad, de hecho o de derecho, se impondrá de veinticinco a treinta años de prisión. En el segundo supuesto del párrafo anterior, el juez privará al agente, en su caso, del ejercicio de la patria potestad, la tutela o la custodia y de los derechos sucesorios que pudiere tener en relación con el ofendido”.

Con la entrada en vigor del decreto 584, que adiciona un tercer párrafo al artículo 153 del Código Penal del Estado de Morelos, se estableció que también “las penas señaladas para el delito de violación, se aplicarán aunque se demuestre que el sujeto pasivo sea o haya sido cónyuge o pareja permanente, viva o haya vivido en concubinato o amasiato con el sujeto activo, pero en estos casos el delito se perseguirá por querella de parte ofendida”.

La adición al Código Penal beneficiará principalmente a la mujeres, pues anteriormente los victimarios reclamaban tener “derechos” o justificaban las agresiones sexuales por el sólo hecho de mantener un relación matrimonial o sentimental. Ahora, los maridos, concubinos o amasios agresores podrán ser sancionados por un juez hasta con 30 años de prisión por el delito de violación.