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En su comparecencia este jueves ante diputados locales, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Constantino Maldonado Krinis, señaló que es urgente que Morelos pueda tener su propio sistema para la operación de la verificación vehicular y así poder prestar un servicio de calidad para los morelenses.

Maldonado Krinis refirió que el tema de cinco verificentros más es parte de un gran proyecto que se tiene, relacionado con la calidad de aire, porque además se busca tener centros de monitoreo fijos.

Lo anterior, a efecto de que la ciudadanía pueda conocer al momento acerca del monitoreo atmosférico relacionado con la calidad del aire, según anotó el funcionario estatal.

*Con motivo de la glosa del primer informe de gobierno*

Este jueves comparece en el Congreso del estado el titular de la Secretaría de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno.

Durante el inicio de la comparecencia, diputados modificaron el formato y permitieron que el funcionario estatal se sentará en la misma mesa que las legisladoras.

Durante su comparecencia, el secretario de Educación confirmó que se instalará el Comité de Contingencia de Protocolo del Covid-19; al respecto, apuntó que estará integrado por autoridades de educación, salud y seguridad pública.

*Con motivo de la glosa del informe de gobierno*

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Margarita Galeana Torres, comparece hoy ante legisladores locales, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Galeana Torres explicó ante diputados del viaje realizado a Alemania para participar en la feria internacional ornamental, respecto a lo cual detalló que el gasto realizado fue de 120 mil pesos y está justificado; admitió que la acompañaron sus familiares, pero éstos pagaron sus gastos.

La funcionaria también confirmó que continúa la investigación por daño patrimonial causado por ex servidores públicos de la pasada administración estatal, por el mal uso de las bodegas del gobierno en la central de abasto de la Ciudad de México; añadió que se denunció a los ex funcionarios y mientras tanto esos espacios se rentan a productores por 60 mil pesos.

Durante la comparecencia, una trabajadora protestó para demandar se le permita su reubicación laboral a Cuautla pues su hijo enfrenta una discapacidad.

La legisladora Alejandra Flores Espinoza le cuestionó del asunto y la secretaria Margarita Galeana aseguró que se atiende dicha situación; sin embargo, la trabajadora intervino y dijo que su caso no se ha atendido.

El diputado Marcos Zapotitla Becerro sostuvo que existe un fraude en la contratación de proveedores en los diversos municipios, y Galeana Torres apuntó que no cuenta con información al respecto pero que lo revisará.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo señaló esta mañana que se revisa la situación en torno a la indagatoria que realiza la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre supuestos manejos irregulares de dinero en efectivo.

Al respecto, el titular del Ejecutivo dijo que no descarta la posibilidad de que el propio jefe de la Oficina de la Gubernatura se separe del cargo (no renunciar), en tanto que se investiga el asunto.

El mandatario estatal reiteró que el martes o miércoles se firmará un convenio con la UIF, para colaboración.

Por otro lado, Blanco Bravo lamentó los hechos ocurridos anoche en la colonia Flores Magón de Cuernavaca, en los que un policía perdió la vida en cumplimiento de su deber.

Indicó que en la presente administración se hacen esfuerzos por mejorar las condiciones laborales de los elementos policiacos, además de que se continuará trabajando para combatir a la delincuencia.

Este miércoles, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Gilberto Alcalá Pineda, compareció en el Congreso del estado, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno.

El secretario admitió que ha sido complicado el combate a la pobreza en el estado, con una población superior a los 900 mil habitantes que viven en condiciones de pobreza.

Sin embargo, Alcalá Pineda apuntó que se trabaja en la entrega de apoyos y en el primer año de gobierno se benefició a tres mil personas con despensas.

Señaló que existe un rezago de 150 años en combate a la pobreza; "dinero que alcance" no existe, dijo el funcionario estatal.

Militantes y fundadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se pronunciaron por la salida de la dirigencia estatal actual.

De igual modo, pidieron a Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, que intervenga para lograr una renovación.

Manifestaron su reclamo porque la actual directiva partidista estatal salga pues consideran que ha sido omisa y ha promovido la división en el instituto político, al haber respaldado esa postura durante el conflicto que protagonizó la secretaria general Yeidckol Polevnsky.

Este miércoles, en conferencia de prensa, anunciaron la campaña de recolección de firmas para llevar a juicio político a ex presidentes del país.

La mañana de este miércoles comparece ante legisladores locales el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés Román, como parte de la glosa del primer informe de gobierno.

Los diputados cuestionaron al funcionario estatal acerca de las obras de bacheo que ha llevado a cabo en Cuernavaca; la diputada Alejandra Flores Espinoza sostuvo que se ve un interés partidista en esos actos.

Valdés Román sostuvo que no hay interés político, sino el de atender las zonas más afectadas en sus vialidades.

Durante la comparecencia, Flores Espinoza también pidió al secretario de Obras que deje el cargo para evitar que siga haciendo uso de los recursos públicos del estado para hacer proselitismo.

El alcalde de Emiliano Zapata ejerce violencia política contra la síndica Ana Olivia Albarrán Salazar; fue denunciado penalmente.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció ayer la expulsión del alcalde de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma de ese instituto político contra quien también se inició una denuncia penal por ejercer violencia política en contra de la síndico municipal Ana Olivia Albarrán Salazar.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

El Partido Verde señaló que el edil José Fernando Aguilar Palma desde el inicio de su gestión ha mostrado una conducta misógina en contra de la síndico.

En conferencia de prensa en la que estuvieron presentes el líder estatal Javier Estrada González, así como Juan Miguel Serrano Gastélum, secretario general del Partido Verde en Morelos, y Everardo Villaseñor González, secretario de Organización Electoral; el maestro en derecho penal Leonel García Grajales y la síndico de Emiliano Zapata, se anunció la expulsión de Fernando Aguilar, tras considerar que es grave la violencia política de género que ejerce, en su modalidad de negación de permitir llevar acabo el cabal desempeño y permanencia del cargo Constitucional de la síndico, lo que viola directamente el artículo 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el artículo  7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, los artículos 1, 2, 3, 4, fracciones II y III, 5 fracciones IV, VII, VIII, X y XI, 6 fracciones I, IV, y VI, 10, 11, 24 fracciones I y II, 27, 28, 31 fracciones II, 49 fracciones XXII y XXV y 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los artículos 2 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas.

El líder del Partido Verde, Javier Estrada, dijo que “la expulsión moral de Fernando Aguilar Palma, obedece a qué en la vida como en la política se debe de conducir con congruencia y lealtad", y que los actos donde se violenten los derechos de las mujeres y más por un integrante de este instituto político debe ser denunciado e investigados hasta las últimas consecuencias legales, toda vez que la ciudadanía exige que hoy sean respetados los derechos humanos.

Por su parte, la síndico municipal Olivia Albarrán advirtió que desde el inicio de la campaña Fernando Aguilar siempre mostró un rechazo a su persona y que incluso nunca ha permitido que ella ejerza sus funciones a cabalidad, toda vez que cuando existe oportunidad el edil trata de evidenciar que por el simple hecho de ser mujer es una inepta para ejercer sus funciones.

Enla conferencia de prensa, el Partido Verde invitó a las demás instituciones, tanto de gobierno federal, como estatal y municipales, así como a las distintas fuerzas políticas, a que se sumen para evitar que se siga dando este tipo de actos violentos contra las mujeres y que en las próximas elecciones, quienes sean electos para ser representantes a ocupar cargos de elección popular sean personas de una verdadera moral y congruencia, “pues Morelos no necesita más políticos como Fernando Aguilar Palma”.

El edil de Emiliano Zapata, José Fernando Aguilar Palma será separado del cargo e inhabilitado de 4 a 10 años para ocupar cualquier cargo público de elección popular, tras comprobársele el delito de Violencia Política de Genero, en contra de la Síndico Municipal, Olivia Albarrán Salazar, señaló el maestro en derecho penal, Leonel García Grajales, quien dijo que la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales fue en su modalidad de Sometimiento, acoso laboral, denigración a su cargo, discriminación y negación de desarrollar su cargo y restricción de espacios públicos necesarios para desempeñar su encargo y extorsión de obligarla a dejar el cargo en mes y medio.

El jurista detalló los tipos de violencia ejercidos contra la síndico municipal: la Institucional, donde el servidor público la comete por acción u omisión cuando discrimina, dilata, obstaculiza o impide el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres; y la laboral, que comete la persona que tiene vínculo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica y que por acción u omisión en abuso de su poder daña la autoestima, salud, integridad, libertad, seguridad y le impide su desarrollo.

En este caso, explicó que la ley también sanciona con cárcel a quien no respete o que condicione la permanencia laboral, descalifique, amenace, intimide, explote y discrimine por condición de género; despida o coaccione a la víctima para que renuncie por estar embarazada, cambie de estado civil o por el cuidado a sus hijos discapacitados; imponga o autorice que se impongan a una mujer trabajos peligrosos para su salud, degradantes o injustificados.

En ese sentido expuso que la violencia política trata de evitar que por acción u omisión, por sí o a través de terceros, dañe física, psicológica, económica o sexualmente a una o varia mujeres y/o a sus familias para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político-electorales o la induzca a tomar decisiones en contra de su voluntad, hecho que Fernando Aguilar Palma ha incurrido en cada uno de esos delitos. 

Este delito, estableció, será sancionado con seis meses a dos años de prisión, sanción pecunaria de 100 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) e inhabilitación de 4 a 10 años. "La idea es hacer visibles esta  situaciones y Olivia Albarrán lo ha hecho público cuando ha sido presionada, lastimada en sus derechos, debemos de evitar la violencia de género en contra de la mujer", enfatizó el abogado.

La tarde del martes, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, compareció ante legisladores locales con motivo de la glosa del primer informe del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Ante los diputados que integran la Junta Política y de Gobierno (JPyG), el encargado de la política interna en el estado admitió que existe una grave cifra de personas desaparecidas.

Refirió que del año de 1993 a la fecha suman dos mil 133 desaparecidos en Morelos; al respecto, añadió que el 53 por ciento son mujeres y el 47 por ciento hombres, mientras que de esa cifra el 67 por ciento son adolescentes.

Pablo Ojeda también refirió que es necesario construir un centro de reinserción social de alta seguridad, ante la sobrepoblación que existe en las cárceles de la entidad.

Además, sostuvo que dichas cárceles ya están obsoletas; en el caso del penal de Atlacholoa ya tiene una antigüedad de 19 años, 27 años el de Cuautla, 25 años el de Jojutla, 28 años el de Jonacatepec y 22 años el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA).

Este martes se lleva a cabo la comparecencia del titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, ante diputados locales, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno.

El comisionado reiteró ante los diputados que el gobierno de Morelos no pactará con la delincuencia, y que se trabaja para combatir la corrupción en la corporación que fue heredada por la pasada administración estatal.

Ortiz Guarneros admitió, ante los cuestionamientos de los diputados, que hay un retraso en la aplicación de los recursos del Fortaseg del 2019, que está destinado a la compra de equipos, uniformes y patrullas para las corporaciones policiacas de seis municipios.

Al respecto, refirió que el retraso se debe a problemas en la entrega de uniformes por parte de los proveedores y advirtió que si no se cumple al 31 de marzo, habría sanciones para los proveedores.

El titular de la CES aseguró que se trabaja en abatir la violencia de género, mediante la policía integrada por nueve mujeres que operan en un centro ubicado en Cuernavaca y quienes se desplazan al resto de los siete municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG); añadió que que existen 42 corredores seguros en espacios públicos y en planteles educativos de nivel superior.

El 40 por ciento de los elementos estatales y municipales está asignado a alguna medida de protección, por lo que se requiere seguir trabajando en aumentar el número de policías en Morelos, señaló hoy el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, al ser cuestionado sobre las acciones de seguridad personal que se otorgarán al alcalde de Amacuzac.

Cabe recordar que el pasado cuatro de marzo fue asesinado Jorge Miranda Gallegos, tío de Santiago Mazari Miranda, "El Carrete", procesado y señalado como integrante del grupo delictivo "Los Rojos".

El encargado de la política interna en el estado también comentó que se diseñó un plan de seguridad para estas semanas en la zona, con el fin de dar seguridad a la comunidad, al aceptar que no se incrementó la protección para el edil actual de Amacuac.

Sobre el tema en el incremento de elementos policiacos, Ojeda Cárdenas refirió que el estándar internacional marca tres policías por cada mil habitantes y actualmente no se tiene ni uno y medio, por lo que se continúa trabajando en aumentar el número de agentes, en fortalecer la academia e incentivar a que los jóvenes elijan una carrera policial.

En cuanto a las medidas de protección a las que está asignado más del 40 por ciento de los elementos de seguridad pública, el funcionario estatal apuntó que éstas fueron ordenadas por instancias tales como Fiscalía General del Estado (FGE), Fiscalía General de la República (FGR), mecanismos de protección a periodistas y comisiones de Derechos Humanos, entre otras.

Por otro lado, Ojeda Cárdenas mencionó que se habrá de firmar un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues el gobierno estatal está comprometido con la transparencia.

Este martes se lleva a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil Morelos.

En este encuentro, presidido por el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, se instalará el Comité de Emergencias.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), Enrique Clement Gallardo, destacó la importancia de la coordinación y los puentes de comunicación entre municipios, dependencias, cuerpos de emergencias y voluntarios.

Solicitó a los enlaces de las diferentes instancias facilitar acudir a reuniones y además que se les provea con lo indispensable para atender a éstas, y cumplir con su función.

*De dicho instituto político*

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció la expulsión del alcalde de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma, de ese instituto político, por ejercer violencia política en contra de la síndica municipal, Ana Olivia Albarrán Salazar.

En conferencia de prensa, la síndica Olivia Albarrán detalló que en los cabildos no la toman en cuenta, ni le dan información para discutir y "hay demostraciones de un grupo de personas que dicen qué hacemos con la síndica, y humillan y exhiben, ya basta de protocolos, me han restringido mucha información".

De igual modo, Albarrán Salazar señaló que no le contestan los oficios y no le permiten hacer observaciones.

"Todo lo controlan y en Zapata pasan muchas cosas; hago responsable a Fernando Aguilar Palma por lo que me suceda", externó la síndica, al tiempo de denunciar que hay desvíos de recursos y por ello le pidieron que renunciara en mes y medio, para imponer a su suplente Maribel Ochoa Castrejón.

Indicó que no le firmó la cuenta anual ni los últimos trimestres, porque no había claridad en los montos; añadió que para la edificación de la nueva sede del ayuntamiento no se efectuó licitación y tampoco hay transparencia.

Ante esto, el presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier Estrada González, informó que determinaron presentar una denuncia en contra de Fernando Aguilar Palma y expulsarlo del partido, a pesar de que era su candidato para la diputación federal, pero no van a permitir actos misóginos y el buen juez por su casa empieza.

El Congreso del estado pospuso la comparecencia del jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, para el próximo jueves, a las 21:00 horas.

El diputado José Casas González informó que hasta el momento se desconocen los motivos y refirió que por ahora es el único cambio que se ha dado en estos encuentros.

Las comparecencias del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas; del comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros y del secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, no han registrado cambios.

"Estoy de acuerdo con el gobernador; el que la deba que la pague", afirmó José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, ante el caso "Primavera" que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y que supuestamente es en su contra.

En entrevista, Sanz Rivera se deslindó de los señalamientos hechos por algunos actores políticos como presunto responsable de las irregularidades que lo implican en un mal manejo de recursos financieros en México y en el extranjero.

El funcionario estatal acudió este domingo al Parlamento de la Mujer 2020, el cual se realizó en el Congreso local.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio a conocer que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina suspendió a un juez y a un secretario de acuerdos por presuntos actos de corrupción.

Lo anterior, en su deber de evitar y sancionar actos de corrupción dentro del Poder Judicial estatal, según se anota.

Se informó que dicha determinación se dio ante la posible comisión de causas de responsabilidad grave y mientras dure el procedimiento administrativo que deberán de enfrentar los servidores públicos, pues podría conllevar a su destitución definitiva.

También se apunta que la medida preventiva se tomó para garantizar el éxito de las investigaciones que realice la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina ante los hechos denunciados.

Finalmente, se indica que se cumple así "con el mandato constitucional de vigilar que el desempeño de los servidores públicos judiciales sea bajo los principios de honestidad, honradez, profesionalismo, lealtad, legalidad y eficiencia".

Esta tarde, la secretaria de Administración, Mirna Zavala Zuñiga, compareció ante el Congreso del estado y aseguró que con el plan de austeridad implementado en el primer año de gobierno se logró un ahorro superior a los 12 millones de pesos.

Ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la funcionaria estatal aseguró que con la desaparición de 11 subsecretarías se logró dicho ahorro.

Sin embargo, Zavala Zúñiga dijo que requieren más recursos para la renovación del parque vehicular, por un monto superior a los 190 millones de pesos.

*Por laudos*

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Ana Cecilia Rodríguez González, dio a conocer que esta área no decidirá el destino de los 50 millones de pesos etiquetados para rescate de municipios por laudos.

Al respecto, Rodríguez González explicó que sólo aportarán información acerca de los casos en los que hay mayor riesgo de destitución.

De igual modo, de aquellos casos en los que puede haber solución mediante la conciliación, según anotó la funcionaria estatal.

*Con motivo de la glosa del primer informe de gobierno*

Alrededor del mediodía del viernes inició la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Ana Cecilia Rodríguez González, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, en el Congreso local.

La funcionaria estatal afirmó ante diputados que no tiene registro de las empresas que hayan cerrado por la inseguridad.

De igual modo, dijo que se ha convocado a los empresarios que reciban amenazas de las delincuencia para que presenten su denuncia.