La síndica municipal de Amacuzac Susana Fuentes Rodríguez y las regidoras de Tepalcingo Priscila Mercado Vergara y Carelia Cid Vázquez iniciaron recursos jurídicos contra sus alcaldes y otras autoridades por discriminación y violencia política. Este lunes, organizaciones sociales y el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos (IMEM) manifestaron su respaldo y exigieron que dichos actos sean sancionados de forma contundente e inmediata.
En el asunto de Amacuzac, la síndica señaló que sospecha de cierta complicidad del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) para lograr su salida del puesto, que desde hace mucho tiempo planearon el alcalde Jorge Miranda Abarca y otros funcionarios municipales.
Recordó que ella fue destituida por orden del citado tribunal, supuestamente por falta de cumplimiento de un convenio de pago de una sentencia laboral o laudo. Pero destacó que ella jamás fue notificada ni participó en la referida firma del acuerdo entre el Ayuntamiento y la parte demandante.
Además, Fuentes Rodríguez subrayó que, de manera notoria, en su caso fue incluida en la orden judicial, cuando en otros asuntos similares de destitución de ediles por laudos, se mandata la salida de los alcaldes y sus tesoreros. Denunció que ella jamás recibió notificación de la existencia de ese asunto, ni del convenio, menos aún de la orden judicial. De forma sorpresiva, el Cabildo de inmediato la sacó y llamó a su suplente, no obstante que el presidente sí promovió un amparo.
Junto con su abogado, dio a conocer que ya inició una demanda de amparo por la citada destitución y la forma en la que se llevó a cabo.
Además iniciaron una denuncia en la fiscalía de delitos electorales a nivel federal, por violencia política.
En la misma conferencia de prensa fue denunciado el caso de las regidoras Priscila Mercado Vergara y Carelia Cid Vázquez, quienes señalaron que viven violencia política, principalmente por parte del presidente municipal de Tepalcingo, Alfredo Sánchez Vélez.
Explicaron que no son tomadas en cuenta, no se les brinda información ni personal y se les impide desarrollar sus funciones. Expresaron que la confrontación creció cuando se negaron a firmar actas de Cabildo de sesiones a las que nunca fueron convocadas, así como cuentas públicas porque nunca les dieron acceso a los documentos.
Las regidoras expusieron que también han enfrentado acoso por parte del edil. Priscila Mercado comentó –por ejemplo– que constantemente las agrede verbalmente con frases tales como “te sentó bien el matrimonio” o “qué bien te ves por detrás”…
Por su parte, Carelia Cid refirió que, de igual forma, ha sufrido situaciones de violencia con expresiones del alcalde de acoso y que en una ocasión incluso expresó que si continuaban negándose a lo que él les pedía, les podía “pasar lo mismo que a Gisela Mota”, presidenta municipal de Temixco que asesinada a unas horas de haber asumido el cargo.
Además, dieron a conocer que como otro acto de violencia política, el presidente decidió reducirles el sueldo. Él gana alrededor de 39 mil pesos quincenales y otros funcionarios e incluso regidores perciben más dinero, pero a ellas se los redujo (sin procedimiento legal alguno) a casi la mitad de su salario.
En este último caso, Paola Cruz Torres, presidenta de la Asociación de Síndicas, informó que el Tribunal Estatal Electoral del estado de Morelos resolvió –la semana pasada– a favor de las dos regidoras y ordenó al alcalde que les restituya su sueldo.
No obstante recurrieron a la siguiente instancia porque no les consideraron la dieta, los viáticos y otros recursos. Por ello su caso fue turnado a la sala regional del tribunal federal.
Teresa Domínguez Rivera, directora del IMEM, aseveró que dichos actos son claramente formas de violencia política que no se deben tolerar y harán lo necesario para que se les restituyan sus funciones y se sancione a quienes sean responsables.