El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) integró la comisión instructora que será la responsable de elaborar el proyecto de sentencia para determinar si el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, incurrió o no en irregularidades en el ejercicio de sus funciones y, en su caso, exonerarlo o imponerle la sanción de destitución.

Salvo la inasistencia de la magistrada y expresidenta del TSJ, Nadia Luz Lara Chávez, la mañana del sábado los magistrados acudieron a la sesión extraordinaria convocada exprofeso para tratar el asunto del exfutbolista.

Por unanimidad, los magistrados habilitaron el día como hábil (debido a que el tribunal desde las 12 horas del viernes se encuentra en periodo vacacional hasta el 9 de enero) y determinaron que la Comisión Instructora, conforme al artículo 18 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, estaría integrada por la magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas López y los magistrados Elda Flores León y Manuel Díaz Carvajal.

Además, determinaron como única medida cautelar que Blanco Bravo no salga de la entidad hasta en tanto se desahoga el proceso judicial y se emite una sentencia.

También se dio por recibido el escrito presentado en representación de Cuauhtémoc Blanco por el abogado y secretario general del Ayuntamiento, Guillermo Arroyo Cruz.

En rueda de prensa, de manera escueta y reticente, la titular del TSJ, Carmen Cuevas López, aseguró que se respetará el principio de presunción de inocencia y el debido proceso del edil de Cuernavaca, pero se negó a precisar los tiempos y la ruta crítica que seguirá la Comisión Instructora para elaborar su proyecto, debido a que el tribunal se encuentra en periodo vacacional y hay presiones externas para que lo más rápido posible se emita la sentencia contra el alcalde.

“Este caso es como otro caso de cualquier otro ciudadano que no tendríamos porqué explicar a los medios cuáles serían las fases y las etapas que corresponden, porque eso es parte de la responsabilidad que la propia comisión, junto conmigo, resolveremos y los atenderemos y los haremos conforme a derecho”, dijo.

De acuerdo con los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, una vez instalada la comisión se emplazará al funcionario denunciado, a la comisión de diputados (integrada por Beatriz Vicera Alatriste, Francisco Moreno Merino y Julio Espín Navarrete) y a la fiscalía estatal, para que, en un plazo de tres días, en caso de existir, ofrezcan pruebas supervenientes y se determine su admisión o no dentro de los tres días subsiguientes.

Transcurrido este plazo, las partes tendrán cinco días para presentar sus conclusiones y alegatos por escrito. Luego, la Comisión Instructora tendrá diez días hábiles para elaborar su proyecto de resolución y lo turnará de inmediato a la secretaria del TSJ, quien convocará a sesión de Pleno dentro de los cinco días hábiles siguientes para que se constituya en jurado de sentencia, debiendo citar a la comisión del Congreso del estado, al fiscal estatal y al denunciado para que comparezcan a la audiencia de emisión de sentencia definitiva.

Aunque la ley establece el procedimiento y los plazos que el TSJ deberá seguir en el caso, la magistrada presidenta mantuvo su negativa de precisar si la Comisión Instructora sesionará para avanzar en el proceso por lo menos hasta la recepción y desahogo de alegatos, porque la ley no establece que se deba hacer o no en días hábiles dado el asueto del Poder Judicial, o si esperará hasta el retorno de labores el 9 de enero de 2017 para que corran los plazos.

Cuevas López rechazó que haya presiones externas a los magistrados para resolver en algún sentido el juicio en contra del exfutbolista, y aseguró que el TSJ, con autonomía e independencia, resolverá el caso.

Dudosa legalidad de sesión: Barra de Abogados

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Miguel Ángel Rosete Flores, señaló que podría haber visos de ilegalidad en la realización de la sesión de Pleno e instalación de la Comisión Instructora.

Indicó que el TSJ tendría que demostrar que, debido a que la institución se encuentra desde el viernes en periodo vacacional, el Consejo de la Judicatura autorizó habilitar el día como hábil, porque en el boletín judicial se estableció el periodo de asueto y se suspendieron los plazos legales para el desahogo de todos los asuntos judiciales.

“Como abogados sabemos plenamente que el día de ayer (viernes) inició el periodo vacacional para el TSJ a partir de las 12 horas, así como lo marca la circular que emite el Consejo de la Judicatura y para poder haber sesionado de manera extraordinaria debió existir una autorización previa del Consejo de la Judicatura”, dijo, y señaló que así como el resto de los justiciables deben esperar la reanudación de labores, también debe el TSJ respetar esos términos y no pretender dar celeridad inusitada al caso.

Señaló que esta es una prueba para que los magistrados demuestren sus escrúpulos y que actúan apegados a derecho.

“Esperamos que los magistrados se apeguen a los escrúpulos, es el momento de demostrar que vivimos en un Estado de derecho, donde existe la división de Poderes. No queremos pensar y no queremos comprobar que haya habido algún acto donde se especula algún tipo de negociación política, como es el caso de su estancia de 20 años como magistrados, a cambio de llevar a cambio el procedimiento de juicio político”, señaló.