El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sostuvo que no tolerará ninguna conducta ilegal por parte de cualquier trabajador de la institución y se actuará con todo el rigor de la ley contra quienes incurran en ilícitos, luego de que un empleado fue vinculado a proceso como presunto responsable del secuestro del hijo de una juez, perpetrado en octubre pasado.

El magistrado y vocero del TSJ, Norberto Calderón Ocampo, deslindó al tribunal de cualquier acto ilícito que cometan los trabajadores en horarios y días no laborables, y subrayó que la magistrada presidenta Carmen Cuevas López no protegerá ni tolerará conductas ilícitas cometidas por trabajadores de la institución.

“Prueba de ello, es que un juez del sistema de justicia oral decretó la orden de aprehensión en contra del empleado al que se le imputa el delito de secuestro, en un acto de total transparencia e imparcialidad, debiendo destacar que dicho trabajador no laboraba de manera directa con ningún funcionario judicial designado por la actual administración”, dijo.

Condenó el plagio del joven e insistió: “no dudaremos en proceder legalmente contra quienes cometan conductas antisociales al interior del Poder Judicial”.

Señaló que en el caso (en el que la víctima es hijo de una juez), “manifestamos nuestra posición imparcial y nuestra total colaboración con la Fiscalía del Estado de Morelos para las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer los hechos sobre las conductas ilícitas desplegadas en este caso en particular y actuar con absoluta justicia”.

Indicó que la titular del TSJ exige a todos los trabajadores respetar los valores de la institución y conducirse en su vida diaria, laboral y social, bajo los principios éticos preservados en los derechos sociales.

La madrugada de este jueves concluyó la audiencia de vinculación a proceso de tres hombres (uno de ellos empleado del TSJ) acusados de haber planeado y perpetrado el secuestro del hijo de la jueza. Los imputados fueron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto se desahoga el proceso penal. La audiencia fue realizada de manera privada y no se permitió el acceso a los medios de comunicación, porque la fiscalía consideró que se revelarían datos sensibles.