Cuernavaca, Morelos.- El secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, Guillermo Arroyo Cruz, dio a conocer que se hará un análisis y revisión exhaustiva de la resolución por la cual un juez de distrito ordenó el pago de 300 millones de pesos a favor de la empresa PASA y la continuación de ésta en el servicio de recolección de basura.

Lo anterior, luego de que el representante legal de la empresa PASA, Guillermo Pasquel Hernández, en conferencia de prensa, informó que después  de seis años de litigio contra el Ayuntamiento de Cuernavaca, el Juzgado Tercero de Distrito emitió una sentencia definitiva y ordenó al edil Cuauhtémoc Blanco que a más tardar en cinco días hábiles, restituya de manera voluntaria la concesión, para que inicie la recolección de los desechos sólidos, de lo contrario, se utilizará la fuerza pública o podría ser motivo de destitución del alcalde.

Indicó que PASA está lista para prestar el servicio de limpia y una empresa le apoyará con la contratación del personal, porque ya preparó su logística y el relleno sanitario de Loma de Mejía está habilitado para el destino final de los desechos sólidos porque cumple con las normas ambientales.

Al respecto, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través del secretario general dijo: “Efectivamente hay una resolución por parte de la autoridad jurisdiccional, en el sentido de restituir el servicio por parte de la empresa PASA en el sentido de la recolección de basura y nosotros estamos esperando que una vez hecha la notificación, verificar los términos que nos concede el Juzgado Tercero de Distrito para dar cumplimiento y darle el trámite legal que esto corresponda”.

Agregó que entrarán a una etapa de análisis del contenido de esa resolución, porque por el momento lo desconoce. “En este momento no estoy en condiciones de dar información porque todavía no se ha hecho el análisis jurídico para responder”.

Respecto al pago de 300 millones de pesos, por daños y perjuicios ocasionados a la empresa PASA, respondió: “No tenemos ese recurso, cualquier pago que se hace debe estar contemplado dentro de la Ley de Presupuesto de Egresos de la institución y todo esto tendrá que ser a través de una análisis jurídico que tendrá que hacer la Secretaría de Asuntos Jurídicos junto con el alcalde, para que veamos cual es el camino a seguir en términos de legalidad”, concluyó Guillermo Arroyo.