Las auditorias no se hacen por encargo político, sino que se aplican bajo criterios uniformes para todas las instancias que reciben recursos federales, afirmó Luis Maldonado, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien aseguró que en el ejercicio fiscal 2013, se detectaron irregularidades por más de 700 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Afirmó que la directiva de esta casa de estudios, encabezada por Alejandro Vera, ha manejado un discurso muy defensivo, sin embargo es una de las tres universidades públicas que ha mantenido este tipo de posturas frente a las demás, que dan más allá de lo que la ley pide.

“A principios de año, más del 90 por ciento de los rectores de las universidades públicas de todo el país, incluyendo la UNAM, presentaron sus auditorías externas, independientemente de las acciones de fiscalización que ejerce la ASF, porque la mayoría tiene claro que la autonomía de la que gozan es de carácter técnico,  pero no es un ejercicio soberano, sobre todo cuando se es receptor de recursos públicos”, expresó.

Declaró que la ASF, en ningún momento ha violentado la autonomía de la UAEM, ya que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoce sus facultades para supervisar el origen y destino de los recursos públicos.

Al reunirse con legisladores de Morelos, comentó que lo que más lastima a la sociedad mexicana más que el fenómeno de la corrupción es la impunidad y reiteró que las auditorias no se hacen con un carácter político, sino técnico.

“Se revisan sus procesos bajo criterios y protocolos universales. No hay auditorias que se hagan por encomienda o bajo criterios parciales, todas se rigen por las mismas reglas y criterios”.

Explicó que en la cuenta pública 2013 se identifican todas las observaciones hechas a la UAEM en tiempo y forma como se le hace a todo el mundo, se detectó que no solventó o no lo hizo de manera suficiente, por lo anterior se presentaron cuatro denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Lo anterior, a que existe un probable daño a la Hacienda Pública Federal, ya que la máxima casa de estudios de Morelos, subcontrato a través de licitaciones públicas el 100 por ciento de los servicios, así como proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana, y se dio el caso de empresas no localizadas y presuntamente vinculadas con actos irregulares.