17 diputados locales promovieron un acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas legales que aprobaron el pasado 15 de julio, según se ha notificado en los estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, ayer, algunos de estos legisladores aseguraron que sus firmas fueron falsificadas, por lo que hoy presentarán una denuncia penal en contra de quien resulte responsable.

El recurso de inconstitucionalidad con número 74/2016, promovida el pasado 23 de agosto, combate los decretos de reforma a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno estatal, a la Ley de Transporte, así como al crédito y refinanciamiento aprobado al Poder Ejecutivo.

Al ser cuestionados sobre el tema, varios diputados afirmaron no haber firmado el documento, pero fue el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza (Panal) Francisco Santillán Arredondo, quien confirmó que hoy presentarán una denuncia ante la Fiscalía por la falsificación de las firmas de por lo menos 15 diputados que aseguraron no haber rubricado el recurso legal.

Solamente dos diputados reconocieron haber firmado la acción de constitucionalidad, Jesús Escamilla, del Partido Humanista y Ricardo Calvo Huerta, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Según Santillán Arredondo, el resto de sus homólogos cuyos nombres y firmas aparecen en  el recurso legal, no respaldaron ningún documento.

Se trata de los priistas Alberto Martínez González, Mario Chávez Ortega y Leticia Beltrán Caballero; los perredistas Anacleto Pedraza Flores y Francisco Navarrete; de Nueva Alianza, Francisco Santillán Arredondo y Edith Beltrán Carrillo; los panistas Carlos Alaniz Romero, Víctor Caballero Solano, Norma Alicia Popoca Sotelo y el hoy diputado independiente, José Manuel Tablas Pimentel; así como Manuel Nava Amores de Morena y Julio Yáñez Moreno del PSD.

El diputado Santillán Arredondo refirió que también enviarán un documento a la Suprema Corte para aclarar que no firmaron documento alguno y señalar la presunta falsificación de firmas.