El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado Francisco Moreno Merino, tomó la protesta de ley a la Doctora en Derecho María Idalia Franco Zavaleta, como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Morelos, por un periodo de ocho años más, a partir del día 19 de julio del año dos mil quince, al 18 de julio de dos mil veintitrés.

En sesión ordinaria, el Congreso avaló por unanimidad de los diputados presentes, mediante votación por cédula, el dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por medio del cual se resolvió el procedimiento de evaluación correspondiente.

Con lo anterior se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, relativo al juicio de amparo 1984/2015 y su acumulado 1380/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos.

De esa forma la LIII Legislatura llevó a cabo la restitución en su cargo a la ponencia en la que se encontraba adscrita, con todas las consecuencias inherentes a dicho puesto, y durante la misma sesión rindió la protesta de ley la magistrada María Idalia Franco Zavaleta.

Declaran validez de reformas constitucionales

Durante la misma sesión, el diputado Francisco Moreno Merino, presidente de la Mesa Directiva, hizo la declaratoria por la que se reforma al artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como se reforman distintas disposiciones del Código Familiar y del Código Procesal Familiar, ambos para el Estado de Morelos, para la regulación de la figura jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexo, que obtuvo 17 votos a favor y 15 en contra por parte de los Municipios del Constituyente Permanente.

El legislador efectuó también, por 29 votos a favor y tres en contra del Constituyente Permanente, la declaratoria por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de Participación Ciudadana, que fueron aprobadas por el Congreso el pasado 18 de mayo y que son para armonizar las disposiciones en materia de Participación Ciudadana, con lo que actualmente establece la Carta Magna, derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero del presente año.

Finalmente, por 32 votos a favor y cero en contra, hizo la declaratoria que reforma el primer párrafo del Artículo 121 de la Constitución Política en la entidad, para establecer que la educación que se imparta en la entidad sea inclusiva y las personas con discapacidad puedan acudir a los centros escolares ordinarios de los distintos niveles, con lo cual se generan las condiciones de igualdad a las niñas y niños con discapacidad, a partir de su ingreso a los mismos planteles educativos.

De esta manera, los legisladores avalaron que el Estado garantice que la educación que se imparta en la entidad, sea de calidad, inclusiva y con equidad, a través de las unidades gubernamentales que estime pertinentes, ajustándose estrictamente a las disposiciones del artículo 3° y demás relacionados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.